Las decisiones económicas nunca ocurren en el vacío. Detrás de cada cifra, de cada balance financiero y de cada decreto estatal, existen personas, familias y realidades concretas que no pueden reducirse a un frío ejercicio de contabilidad pública.

La reciente decisión sobre la eliminación del subsidio a la energía eléctrica para miles de hogares en Honduras ha reabierto un debate impostergable sobre el rumbo de nuestras políticas públicas sobre cómo construir sostenibilidad fiscal sin asfixiar a quienes ya viven al límite.

El análisis de esta medida no puede ser superficial. Quienes defienden la eliminación argumentan la urgencia de aliviar las finanzas del Estado y reducir el déficit de la estatal eléctrica. Es una realidad indiscutible que los presupuestos públicos son finitos y que ningún país puede sostener indefinidamente mecanismos ineficientes o mal administrados.

Sin embargo, el orden de los factores sí altera el producto. El problema de fondo no es el subsidio en sí mismo; el verdadero problema es la cruda realidad económica que obliga a tantas familias a depender de él para subsistir.

En una Honduras donde la mayoría de la población sobrevive entre el desempleo, el subempleo y la informalidad laboral, un incremento en los servicios básicos no es un ajuste menor. No se trata de familias que administren mal sus recursos; se trata de hogares donde los ingresos, simplemente, no alcanzan.

Cuando la cotidianidad es una lucha diaria por llevar el pan a la mesa, arrebatar un beneficio social de golpe sin haber creado primero las condiciones mínimas para que la gente pueda generar sus propios ingresos, no es una reforma económica; es una carga insostenible.

La energía eléctrica dejó de ser un bien de consumo hace mucho tiempo. Hoy es una necesidad básica y un derecho humano indirecto. Es el motor que permite:

  • La educación: Estudiar de noche y acceder a herramientas digitales.
  • La salud y alimentación: Conservar alimentos y refrigerar medicamentos esenciales.
  • El emprendimiento: Operar una pulpería, una máquina de coser o un pequeño negocio familiar desde el hogar.

Dificultar el acceso a la electricidad a un sector vulnerable es ensanchar la brecha de la desigualdad y desconectarlo de las oportunidades de desarrollo.

Frente a este panorama, la solución no es la polarización ni el asistencialismo eterno. La verdadera alternativa económica debe basarse en la sensatez y la justicia social.

No se trata de defender subsidios generalizados que terminen beneficiando a quienes sí pueden pagar. El camino correcto es la focalización inteligente: auditar y dirigir el apoyo estatal estrictamente a los sectores que lo necesitan para producir y subsistir, garantizando que el recurso público cumpla una función social real.

Pero, sobre todo, el enfoque gubernamental debe cambiar de dirección. Una economía fuerte y un Estado sostenible no se construyen únicamente recortando apoyos fiscales o ajustando estructuras tarifarias; se construyen generando empleo, atrayendo inversión con seguridad jurídica, fortaleciendo el ingreso familiar y apoyando a la microempresa.

La solución no es que la gente deje de recibir apoyo de un día para otro. La verdadera solución es lograr que, gracias a las oportunidades del país, algún día ya no lo necesite.

Para avanzar hacia esa meta, Honduras necesita urgentemente políticas integrales:

  • Inversión y generación de empleo formal para absorber la mano de obra disponible.
  • Programas de eficiencia energética accesibles para reducir el consumo en hogares de bajos recursos.
  • Subsidios técnicos y transparentes, blindados contra el uso político y orientados al desarrollo social.
  • Gradualidad y responsabilidad en las medidas fiscales, escuchando la realidad de la calle antes de firmar un acuerdo en una oficina.

Honduras necesita avanzar hacia la estabilidad financiera, sí, pero nunca a costa de la dignidad de su gente. Mientras miles de hondureños sigan despertando cada mañana sin la certeza de un empleo formal, la energía eléctrica no puede convertirse en un privilegio reservado únicamente para quienes logran mantenerse a flote en un sistema desigual. La economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés.