El diputado liberal Jhosy Toscano presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para derogar los delitos contra el honor estipulados en el Código Penal hondureño, una iniciativa que busca eliminar las leyes que permiten encarcelar a ciudadanos, periodistas y activistas por criticar, denunciar o señalar actos de corrupción de funcionarios públicos y figuras de poder.

Los delitos contra el honor que incluyen injuria, calumnia y difamación establecen penas de cárcel para quienes realicen expresiones que se consideren ofensivas o dañinas para la reputación de terceros, incluso cuando se trate de denuncias de interés público o críticas legítimas a políticos y autoridades.


Una herramienta de censura

La propuesta del diputado Toscano responde a una demanda histórica de organizaciones de derechos humanos, periodistas y defensores de la libertad de expresión, quienes señalan que estas leyes son utilizadas como mecanismos de censura y persecución contra voces críticas.

En Honduras, múltiples periodistas, comunicadores y activistas han enfrentado procesos penales por injuria o difamación tras publicar investigaciones sobre corrupción, denunciar abusos de autoridad o señalar irregularidades en la gestión pública. Estos procesos no solo generan consecuencias legales, sino que también tienen un efecto intimidatorio: la gente tiene miedo de hablar, de denunciar, de criticar, porque sabe que puede terminar en la cárcel.


¿Cómo funcionan estos delitos?

Actualmente, si un ciudadano denuncia públicamente que un alcalde robó fondos públicos, ese alcalde puede acusar al ciudadano de difamación y lograr que enfrente cargos penales que podrían llevarlo a prisión. No importa si la denuncia es verdadera o de interés público: la ley permite que el funcionario use el sistema penal para silenciar y castigar a quien lo señaló.

Esta situación protege a los corruptos y castiga a los valientes que se atreven a denunciar. Por eso, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han recomendado a los países eliminar estos delitos del código penal y manejar estos casos únicamente por la vía civil, donde nadie va preso.


Protección para periodistas y ciudadanos

La derogación de estos delitos representaría un avance significativo en la protección de periodistas, comunicadores, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general, quienes podrían ejercer su derecho a la libre expresión sin el temor de enfrentar cargos penales por denunciar corrupción, criticar políticos o informar sobre temas de interés público.

El proyecto también busca equilibrar el sistema legal: las personas afectadas por declaraciones falsas o difamatorias podrían acudir a la vía civil para obtener reparación económica, sin que ello implique meter a nadie a la cárcel por ejercer su derecho a opinar, informar o denunciar.


Un paso hacia la libertad de expresión

Con esta iniciativa, el diputado liberal Jhosy Toscano reafirma el compromiso del Partido Liberal con la defensa de las libertades fundamentales y el fortalecimiento de la democracia en Honduras. La derogación de los delitos contra el honor representa un paso histórico hacia una sociedad más libre, donde la crítica, el debate y la denuncia de corrupción no sean castigados con cárcel, sino protegidos como pilares de la democracia.

En un país donde la corrupción es endémica y la impunidad supera el 90%, eliminar estas leyes que protegen a los corruptos y silencian a los denunciantes es una medida urgente y necesaria.