Honduras ha sido incluida entre las 10 crisis de desplazamiento más olvidadas del mundo, según el informe anual del Consejo Noruego para Refugiados, y es el único país no africano en esa lista. Detrás de ese dato hay miles de familias que huyen de la violencia del crimen organizado, del hambre, de la pobreza extrema y de los impactos del cambio climático, mientras el gobierno sigue sin asumir su responsabilidad de protegerlas.

El informe señala que alrededor de 3.2 millones de personas en Honduras necesitaron ayuda humanitaria en 2023, y que un cuarto de millón de desplazados internos requirieron apoyo urgente para poder sobrevivir. A pesar de ello, solo se financió aproximadamente el 15% de los 280 millones de dólares solicitados por la ONU y organizaciones humanitarias para atender estas necesidades, lo que convierte a la crisis hondureña en una de las que menos recursos recibe a nivel global.

Las causas del desplazamiento son claras: violencia generalizada, presencia del crimen organizado, ausencia de oportunidades económicas, desastres climáticos y un clima de miedo que obliga a la gente a abandonar sus casas para salvar la vida. Sin embargo, mientras las comunidades se vacían y las caravanas aumentan, el gobierno no presenta una política seria de prevención, atención y reparación para las víctimas de desplazamiento forzado, ni un plan integral de seguridad y desarrollo que frene esta expulsión masiva de hondureños.

El informe también advierte que la crisis hondureña casi no aparece en la agenda internacional, que hay poca atención mediática y escasas iniciativas diplomáticas para buscar soluciones, lo que profundiza el abandono. Pero esa invisibilidad empieza en casa: un Estado que no reconoce plenamente la magnitud del problema, que no garantiza protección efectiva y que, en lugar de acompañar a las víctimas, las deja a su suerte, es un Estado que le ha dado la espalda a su propio pueblo.

Estar en el ranking de las crisis más olvidadas del mundo no es un accidente, es el resultado de años de indiferencia oficial frente a la pobreza, la violencia y la desigualdad. Mientras el gobierno se concentra en sus prioridades políticas y propagandísticas, son los hondureños de a pie los que pagan el precio: desplazados, invisibles y sin un Estado que los defienda.