Honduras lleva décadas atrapada en el mismo círculo vicioso que impide el desarrollo de sus instituciones públicas, y esta semana ese círculo quedó expuesto con una crudeza inusual. El diputado del Partido Nacional, Jack Uriarte, afirmó públicamente que el presidente Nasry Asfura evaluará y tomará acciones contra los ministros que no realicen cambios de personal en sus secretarías, enviando un mensaje que no deja lugar a interpretaciones: el criterio para despedir o contratar en el Estado hondureño no es la capacidad ni el desempeño, sino el color político del empleado.

Las declaraciones del diputado Uriarte fueron directas y sin eufemismos. Instó a los ministros a dar oportunidad a la base del Partido Nacional, advirtiendo que con la llegada de julio se tomarían acciones contra quienes no cumplieran con esa consigna. Un ultimátum que no tiene nada que ver con la eficiencia del Estado, con la calidad del servicio público ni con el bienestar de los ciudadanos que dependen de esas instituciones para acceder a sus derechos.

Lo que el diputado Uriarte describió sin pudor es la práctica más dañina que existe en la política hondureña: el clientelismo político en su expresión más cruda. La idea de que los empleados públicos son botín de guerra que se reparte entre los ganadores de cada elección y que deben ser sustituidos no por incompetencia sino por pertenecer al bando equivocado. Una lógica que destruye la institucionalidad, expulsa a profesionales capaces y llena el Estado de personas que deben su puesto a la lealtad partidaria y no a sus méritos.

El problema no es solo ético, es profundamente práctico. Cuando una secretaría, un hospital o una institución pública pierde a sus empleados más experimentados para ser sustituidos por personas elegidas por su carnet de partido, el servicio que recibe la ciudadanía se deteriora. Los trámites se vuelven más lentos, la calidad baja, la memoria institucional se pierde y el Estado se debilita. Y quien paga ese costo no es el diputado Uriarte ni los ministros, sino el hondureño de a pie que necesita que sus instituciones funcionen bien.

Lo que resulta especialmente grave es que esta declaración no fue un desliz ni una frase sacada de contexto. Fue un mensaje deliberado, público y dirigido a los miembros del gabinete para que actúen en consecuencia. Un llamado abierto a usar el poder del Estado para beneficiar a un partido político en lugar de servir a todos los hondureños por igual, independientemente de sus preferencias políticas.

Honduras necesita urgentemente una reforma del servicio civil que proteja a los empleados públicos competentes independientemente de su filiación política, que establezca concursos transparentes para los cargos públicos y que sancione precisamente las prácticas que el diputado Uriarte describió como algo normal y aceptable. Porque no lo son. Un Estado moderno y funcional contrata y retiene a sus empleados por sus capacidades, no por el color de su bandera.

La declaración del diputado Jack Uriarte es un recordatorio doloroso de cuánto le falta a Honduras para tener el Estado que su gente merece, uno que trabaje para todos los ciudadanos sin importar a quién votaron. Mientras eso no cambie, el clientelismo seguirá siendo el mayor obstáculo para el desarrollo de un país que tiene todo el potencial para ser mejor.