Miles de migrantes quedan en incertidumbre tras nueva medida de deportaciones aceleradas en EE.UU.

 

Una nueva decisión judicial en Estados Unidos ha generado preocupación entre la comunidad migrante luego de que un Tribunal de Apelaciones autorizara al Gobierno de Donald Trump aplicar las llamadas deportaciones aceleradas en todo el territorio estadounidense.

El fallo permite que las autoridades migratorias puedan expulsar del país a ciertos inmigrantes indocumentados sin una audiencia ante un juez de inmigración, siempre que estos no puedan demostrar que han vivido de manera continua en Estados Unidos durante al menos dos años.

Anteriormente, este mecanismo se aplicaba principalmente a personas detenidas en la frontera sur; sin embargo, con esta autorización, los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) podrán utilizarlo también en ciudades alejadas de la zona fronteriza.

La decisión fue tomada por el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, con una votación dividida de dos jueces a favor y uno en contra. Los magistrados que respaldaron la medida consideraron que la política no viola los derechos de los inmigrantes.

Mientras tanto, el juez que expresó su desacuerdo señaló que existe el riesgo de cometer errores y recordó que anteriormente algunas personas fueron expulsadas pese a tener más de dos años de residencia en el país.

La medida ha causado alarma entre organizaciones defensoras de migrantes, quienes advierten que muchas familias podrían enfrentar separaciones y que personas con años de trabajo, vínculos familiares y vida establecida en Estados Unidos podrían verse afectadas.

Para muchos migrantes, especialmente quienes sostienen económicamente a sus familias en sus países de origen, la decisión representa un momento de incertidumbre y temor ante la posibilidad de una expulsión rápida.

Las autoridades estadounidenses sostienen que la medida busca fortalecer el control migratorio, mientras organizaciones civiles continúan cuestionando sus posibles impactos sobre el debido proceso y los derechos humanos.