De la reducción coyuntural a la institucionalización del orden: los siguientes pasos en seguridad pública

Honduras ha recorrido un camino importante en la última década. La tasa de homicidios, que superó los 80 por cada 100,000 habitantes hace poco más de diez años, hoy se sitúa por debajo de 25. Esta reducción a casi un tercio de su punto más alto no es menor y refleja esfuerzos significativos del Estado. Sin embargo, 25 sigue siendo un número anormalmente alto para una sociedad que aspira a prosperidad, crecimiento económico sostenido y paz duradera. Si el objetivo es construir un entorno de estabilidad comparable con países que han logrado consolidar su seguridad, debemos asumir que la tarea no ha terminado: debemos reducir esa cifra a una fracción de su valor actual.

Precisamente por ello, el statu quo no es suficiente. Haber reducido la violencia representa un avance significativo, pero no puede ser el punto final. Una tasa de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes todavía limita nuestro potencial como país y mantiene un nivel de riesgo que afecta la inversión, la cohesión social y la confianza ciudadana. La siguiente etapa debe orientarse a consolidar lo alcanzado y profundizar la reducción mediante herramientas cada vez más institucionales, técnicas y sostenibles.

Para avanzar en esa dirección es indispensable definir una estrategia clara. Los distintos países han adoptado enfoques diversos frente a desafíos similares, y cada contexto tiene sus propias circunstancias. Honduras puede aprender de esas experiencias, adaptando lo que funcione a nuestra realidad. Más que adherirse a una etiqueta específica, lo fundamental es contar con un método definido, metas medibles y mecanismos de rendición de cuentas que trasciendan coyunturas políticas.

En este sentido, el caso de Nueva York resulta particularmente ilustrativo. A inicios de la década de 1990, la ciudad tenía una tasa de homicidios cercana a 31 por cada 100,000 habitantes, superior incluso a la que hoy registra Honduras. Y no se trataba de un pico aislado: desde la década de 1970 la tasa se había mantenido de forma estructural por encima de 20. Sin embargo, mediante intervenciones planificadas e institucionalizadas, logró reducir ese número a una sexta parte de su punto máximo, situándose incluso por debajo del promedio nacional estadounidense.

El comportamiento comparativo puede observarse en el siguiente gráfico, que muestra la evolución de la tasa de homicidios de Nueva York frente al promedio de Estados Unidos entre 1991 y 2021:

 

Fuente: Macrotrends / Vital City. Tasas por 100,000 habitantes.

Como se aprecia, Nueva York pasó de registrar tasas muy superiores a la media nacional a situarse por debajo de ella durante un periodo prolongado. Este descenso no fue producto de una única medida, sino de un proceso sostenido que combinó reformas legales, fortalecimiento institucional y una gestión policial profundamente orientada por datos.

El eje central de esa transformación fue el sistema CompStat. Este modelo introdujo una gestión basada en información frecuente y georreferenciada. Cada delito se registraba con precisión, se elaboraban mapas que identificaban patrones por sector y horario, y la ciudad se dividió en unidades territoriales con responsables claramente definidos. Los comandantes rendían cuentas periódicamente sobre la evolución de los indicadores en su jurisdicción.

La comparación sistemática de resultados permitió detectar rápidamente aumentos o estancamientos en determinadas áreas. Cuando un sector no mostraba mejoras al ritmo esperado, se reforzaba con recursos adicionales y presencia focalizada. Esto tenía dos efectos importantes. Primero, aseguraba que los recursos policiales se asignaran de manera eficiente, concentrándose en los puntos donde los datos indicaban mayor necesidad. Segundo, generaba un efecto disuasivo estructural: quienes actuaban al margen de la ley sabían que incrementos en violencia producirían una respuesta institucional inmediata y concentrada.

En paralelo, durante la década de los noventa también se introdujeron reformas legales que aumentaron el tiempo efectivo de cumplimiento de penas para delitos violentos y reincidencia. La combinación de certeza en la aplicación de la ley y gestión disciplinada basada en datos fortaleció el efecto de las políticas de seguridad.

La enseñanza que puede extraerse no es la adopción mecánica de un modelo específico, sino la importancia de construir sistemas que respondan automáticamente a la información, que asignen responsabilidades claras y que midan resultados de manera constante. Para Honduras, esto implica consolidar una plataforma nacional de análisis criminal en tiempo real, microsectorizar las principales ciudades, establecer metas públicas de reducción y asegurar que cada territorio tenga responsables identificables por sus resultados.

La transición de 80 a 25 fue un logro significativo. La transición de 25 a 5 requerirá profundizar la institucionalización, fortalecer la capacidad investigativa y mantener una disciplina operativa sostenida en el tiempo. No se trata de sustituir enfoques, sino de complementarlos con herramientas que permitan consolidar una reducción estructural y permanente.

Reducir la violencia a niveles comparables con los países más seguros no es una aspiración abstracta. Es una condición necesaria para el desarrollo. Y debe convertirse en una prioridad compartida por el Estado y la sociedad: continuar avanzando, con método y responsabilidad, hasta que la violencia deje de ser un rasgo estructural y se convierta en una excepción.