¡EL GOBIERNO DE NASRY ASFURA VA POR LAS CASAS! Miles de familias del Anillo Periférico podrían perder sus viviendas

 

La aprobación del PCM 015-2026 ha generado preocupación entre familias que residen en sectores ubicados en la zona donde se proyecta el libramiento del Anillo Periférico, en la salida al sur de Tegucigalpa. La medida contempla procedimientos para la adquisición forzosa de propiedades que sean necesarias para la ejecución del proyecto vial.

De acuerdo con la información difundida sobre el decreto, el proceso contempla la posibilidad de que el Estado adquiera terrenos y viviendas ubicados dentro del área requerida para desarrollar la obra. Esto significa que propietarios de inmuebles que se encuentren en el trazado del proyecto podrían verse obligados a entregar sus propiedades, incluso si no están de acuerdo inicialmente con la compensación ofrecida.

La situación ha despertado interrogantes sobre el impacto que la medida tendrá en las familias que durante años han construido sus viviendas y desarrollado su vida en estos sectores. Para quienes habitan en la zona, el proyecto no representa únicamente la construcción de una nueva vía, sino también la posibilidad de tener que abandonar sus hogares.

Expropiación y compensación

Roberto Zacapa, asesor legal de la Presidencia, defendió el procedimiento y señaló que este se encuentra contemplado dentro del marco constitucional. Según explicó, los propietarios serán notificados inicialmente y tendrán la posibilidad de conocer la compensación que el Estado plantea por sus bienes.

Sin embargo, uno de los puntos que genera mayor inquietud es qué ocurrirá cuando los propietarios no estén de acuerdo con el monto ofrecido. De acuerdo con la explicación proporcionada, si no existe aceptación, el proceso puede continuar y el dinero correspondiente a la compensación sería consignado ante el juzgado competente.

De esta manera, la discusión no se limita únicamente a la necesidad de construir el proyecto vial, sino también a las condiciones bajo las cuales las familias deberán abandonar sus propiedades y a si las compensaciones serán suficientes para permitirles adquirir una vivienda o terreno en condiciones similares.

Familias ante la incertidumbre

Para las personas que viven en el área contemplada por el proyecto, la medida representa un escenario de incertidumbre. Una vivienda no constituye únicamente un bien económico, sino también el lugar donde las familias han establecido sus hogares, sus negocios y sus proyectos de vida.

La preocupación aumenta especialmente cuando se trata de propietarios que podrían considerar insuficiente la cantidad ofrecida por sus inmuebles. En esos casos, la posibilidad de que el proceso de adquisición continúe mediante la vía judicial abre un debate sobre el equilibrio entre el interés público de desarrollar infraestructura y el derecho de las familias sobre sus propiedades.

El Gobierno sostiene que el proyecto responde a una necesidad de infraestructura vial y que los procedimientos de adquisición se realizarán conforme a la legislación. No obstante, para los afectados, queda pendiente conocer con mayor claridad cuáles serán los mecanismos de valoración, cómo se determinarán las compensaciones y qué garantías tendrán durante el proceso.

El debate sobre el costo de la obra

La ampliación y modernización de la infraestructura vial puede representar beneficios para miles de personas que diariamente utilizan las principales vías de acceso y salida de la capital. Sin embargo, estos proyectos también pueden generar impactos directos sobre las comunidades ubicadas en las zonas donde se desarrollan.

En este caso, la discusión comienza a centrarse en una pregunta fundamental: ¿quién asumirá el costo social del desarrollo de la obra?

Mientras las autoridades defienden la necesidad del proyecto y la legalidad del procedimiento, las familias potencialmente afectadas enfrentan la posibilidad de perder sus viviendas o terrenos. Por ello, será determinante que el proceso de notificación, valoración y compensación se desarrolle con transparencia y que los propietarios conozcan claramente sus derechos y las alternativas disponibles.

La aplicación del PCM 015-2026 coloca nuevamente sobre la mesa el debate sobre las grandes obras de infraestructura y su impacto en las comunidades. El reto para el Gobierno de Nasry Asfura será demostrar que el desarrollo vial puede avanzar sin convertir a las familias que viven en el trazado del proyecto en las principales perjudicadas.

Por ahora, los propietarios de los inmuebles contemplados en el proyecto deberán permanecer atentos a las notificaciones y al desarrollo del proceso, mientras crece la expectativa sobre las condiciones de las compensaciones y el impacto que finalmente tendrá el libramiento del Anillo Periférico en las comunidades de la salida al sur.