La justicia en Honduras tiene una deuda histórica con los animales, y negarse a castigar con todo el peso de la ley al responsable de Choloma es consolidar un Estado que protege al verdugo y abandona al inocente.

 

El asfalto de Choloma no solo arrastró un cuerpo indefenso; arrastró también la poca dignidad que le queda a un sistema judicial que insiste en cerrar los ojos ante el horror. No debemos permitir que el sufrimiento del animal quede impune. Es un mensaje peligroso que normaliza la violencia y deja en evidencia la urgente necesidad de revisar cómo se aplica la justicia en nuestro país. Ver las imágenes del perro atado a la parte trasera de un vehículo no es presenciar un simple incidente urbano, es asomarse al abismo de una crueldad desalmada que opera a plena luz del día. 

Lo verdaderamente imperdonable, aquello que revictimiza y enciende una rabia justificada, no es solo el acto barbárico en sí, sino la respuesta institucional: un agresor capturado gracias a la valentía ciudadana y liberado en cuestión de horas. Nos quieren hacer creer que la ley es un trámite flexible, un protocolo inofensivo que puede ignorar la tortura de un ser sintiente sin mayores consecuencias. No podemos tolerarlo.

Esta liberación exprés es un mensaje peligrosísimo para nuestra sociedad. Cuando la justicia decide mirar hacia otro lado, le otorga un permiso tácito al maltratador, normalizando una violencia que inevitablemente escala y permea todas las capas de nuestra convivencia. ¿Qué clase de sociedad estamos construyendo si permitimos que la tortura pública quede en una simple anécdota policial? La impunidad no es un vacío legal; es una decisión política y moral que nos convierte a todos en cómplices por omisión.

Frente a este panorama desolador, es vital alzar la voz respaldados por la norma, no desde el capricho, sino desde la exigencia estricta del derecho. En Honduras, la protección animal no es una sugerencia estética ni un capricho sentimental. Contamos con la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal (Decreto No. 115-2015), que sanciona con firmeza los actos de maltrato intencional que causen lesiones graves o la inutilización de los animales. Asimismo, la normativa establece claramente la responsabilidad ineludible de los dueños o poseedores en el resguardo de la vida animal, otorgando además la facultad y el deber ciudadano de denunciar cualquier agresión.

A esto se suma el peso directo del Código Penal vigente, que en su Artículo 341 tipifica y castiga severamente el maltrato de animales domésticos.- Peor aún, las circunstancias de este caso debieron activar de inmediato las agravantes contempladas en la ley: estamos ante un acto de una crueldad extrema, expuesto públicamente a través de redes sociales, lo que demuestra un desprecio absoluto tanto por la vida como por las mínimas normas de convivencia civilizada. Dejar libre a un individuo bajo estas circunstancias no es aplicar la ley; es burlarse de ella y escupir sobre el dolor de una víctima indefensa.

No debemos normalizar la barbarie ni tragar en silencio la píldora amarga de la impunidad. Exigimos una revisión inmediata y profunda de las actuaciones policiales y fiscales que permitieron este absurdo escenario. La justicia en Honduras tiene una deuda histórica con los animales, y negarse a castigar con todo el peso de la ley al responsable de Choloma es consolidar un Estado que protege al verdugo y abandona al inocente. No pararemos de señalarlo: ¡basta de impunidad!