¿Licencia sanitaria o golpe al bolsillo? Vendedores de ropa usada de La Ceiba denuncian cobros y ultimátum de tres días

 

Vendedores de ropa usada de La Ceiba expresaron su inconformidad e indignación luego de que, según denunciaron, se les solicitara una licencia sanitaria como requisito para continuar operando sus establecimientos comerciales.

Los afectados, dedicados a la venta de ropa usada en los conocidos “agachones”, manifestaron que desconocían que este tipo de negocios debía contar con dicha licencia y cuestionaron la forma en que se les comunicó la nueva exigencia.

Uno de los principales motivos de preocupación entre los comerciantes es el plazo que, según aseguran, les fue otorgado para realizar el trámite. Los vendedores denunciaron que recibieron un ultimátum de tres días, situación que consideran insuficiente para completar el proceso y reunir los recursos necesarios.

A esto se suma, de acuerdo con los testimonios de los afectados, que se les habría indicado que el trámite únicamente puede ser realizado por abogados. Esta situación ha generado preocupación entre pequeños comerciantes que aseguran no contar con los recursos económicos suficientes para asumir nuevos gastos.

Una de las vendedoras relató que decidió consultar el costo del trámite con un abogado y recibió una cotización de 21 mil lempiras, monto que calificó como excesivo para quienes dependen diariamente de sus ventas para sostener a sus familias.

“Coticé un abogado y me cobra 21 mil lempiras, es indignante”, reclamó la comerciante.

La vendedora también expresó su preocupación por la situación que enfrentan otros emprendedores y aseguró que, durante este año, varios pequeños negocios habrían tenido que cerrar debido a las dificultades económicas y a los costos que implica mantener sus actividades comerciales.

Los comerciantes piden que las autoridades correspondientes aclaren cuáles son los requisitos legales y sanitarios que realmente deben cumplir los vendedores de ropa usada, así como los costos oficiales y el procedimiento para obtener los permisos necesarios.

Mientras tanto, los afectados aseguran que cualquier nuevo requisito representa una preocupación adicional para pequeños negocios que ya enfrentan dificultades para mantenerse activos.

La situación ha generado cuestionamientos entre los vendedores, quienes esperan respuestas de las autoridades y solicitan que se busquen mecanismos que permitan cumplir con las regulaciones sin poner en riesgo la continuidad de sus emprendimientos y fuentes de ingreso.