¿Beneficio para el pueblo o para las grandes empresas? Tigo y Claro vuelven a la amnistía

El Congreso Nacional reincorporó a las empresas de telefonía Tigo y Claro a una amnistía relacionada con obligaciones económicas pendientes ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), luego de que ambas compañías habían sido excluidas del beneficio durante la sesión legislativa del pasado 19 de agosto.

La modificación se produjo mediante una moción de reconsideración presentada por el secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma. El nuevo texto permite regularizar obligaciones acumuladas entre los ejercicios fiscales de 2014 y 2024 y contempla la exoneración de multas, intereses moratorios, recargos y otras sanciones económicas asociadas a esas obligaciones.

La decisión generó cuestionamientos dentro del propio Congreso. Diputados opositores señalaron supuestas irregularidades en el procedimiento utilizado para reconsiderar una decisión que ya había sido sometida a votación y denunciaron que la aprobación se habría realizado sin contar con el quórum requerido. Estos señalamientos corresponden a denuncias de legisladores y han alimentado la controversia alrededor de la medida.

El debate adquiere especial relevancia porque Tigo y Claro habían quedado fuera del beneficio durante la discusión del 19 de agosto. Posteriormente, la reconsideración impulsada desde la secretaría del Legislativo modificó esa decisión y permitió que las compañías fueran nuevamente incluidas en el alcance de la amnistía.

La controversia deja una pregunta de interés público para el Congreso Nacional y para la administración nacionalista: mientras miles de hondureños enfrentan dificultades económicas y el peso de sus obligaciones, ¿cuál fue la justificación para extender el beneficio a dos grandes compañías de telecomunicaciones? Y, finalmente, ¿quién terminó beneficiándose más con esta decisión: el pueblo hondureño o las grandes empresas?