¿Investigar la filtración o culpar al muerto? Asesinato de testigo del caso Angie Peña pone al Gobierno bajo fuertes cuestionamientos

 

La muerte de Dereck McNeil, testigo relacionado con el caso de la desaparición de Angie Peña, ha abierto nuevos cuestionamientos hacia el Gobierno y las instituciones responsables de garantizar la seguridad y esclarecer los hechos alrededor de uno de los casos que más interrogantes ha generado en Honduras.

En medio de las dudas, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, señaló públicamente que McNeil habría estado relacionado con actividades irregulares. La explicación ha generado críticas, particularmente porque el fallecido había manifestado anteriormente temor por su vida y había realizado graves señalamientos relacionados con personas e instituciones vinculadas a la investigación del caso Angie Peña.

Las declaraciones previas de McNeil adquieren relevancia ante su posterior muerte. En un video divulgado públicamente, aseguró que temía ser asesinado y formuló acusaciones que involucraban a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC). La gravedad de esos señalamientos exige determinar mediante una investigación independiente qué elementos pueden ser comprobados y si existió alguna relación entre sus denuncias y lo que posteriormente ocurrió.

La exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva también cuestionó públicamente la explicación ofrecida por el ministro y ha planteado interrogantes sobre las circunstancias que rodearon la muerte de Magñiel. Sus declaraciones aumentan la presión para que las autoridades esclarezcan no solamente el crimen, sino también qué medidas se adoptaron ante los temores que el testigo había expresado.

Más allá de las versiones políticas, el Gobierno tiene la responsabilidad de ofrecer respuestas verificables: determinar qué ocurrió con Dereck McNeil, esclarecer si existían amenazas en su contra y explicar qué seguimiento recibieron sus denuncias. Mientras esas preguntas permanezcan abiertas, el caso Angie Peña continuará representando una prueba para las instituciones encargadas de garantizar seguridad, investigar delitos y proteger a quienes poseen información relevante para la justicia.