¿QUIÉN PROTEGE AL PUEBLO GARÍFUNA? Protestas, desalojos y reclamos territoriales ponen al gobierno nacionalista bajo cuestionamiento

 

¿Quién protege al pueblo garífuna? Esa pregunta vuelve a cobrar fuerza en Honduras mientras comunidades garífunas mantienen un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), enfrentan procesos judiciales y continúan reclamando el cumplimiento de sentencias internacionales relacionadas con sus territorios ancestrales. La situación coloca nuevamente bajo escrutinio al Estado hondureño y plantea cuestionamientos sobre las respuestas que está ofreciendo el actual gobierno nacionalista encabezado por el presidente Nasry Asfura.

Uno de los principales motivos de la movilización es la situación de cinco integrantes de la comunidad garífuna de San Juan, Tela, y de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). Los defensores fueron detenidos durante un operativo realizado el pasado 6 de julio y posteriormente vinculados a un proceso penal por usurpación agravada. OFRANEH exige el cierre de la causa y sostiene que las personas procesadas estaban defendiendo territorio ancestral. Amnistía Internacional también se pronunció en septiembre y pidió poner fin a lo que calificó como criminalización de personas garífunas defensoras de la tierra.

La tensión aumentó este 17 de septiembre en Cayos Cochinos. Una orden emitida por un juzgado hondureño dispuso el desalojo de alrededor de 40 personas garífunas que mantenían un campamento en Playa Uva. Los manifestantes se encontraban protestando en defensa del territorio y cuestionando actividades desarrolladas en el archipiélago, incluida la grabación del programa televisivo “Supervivientes”. OFRANEH denunció la presencia policial y sostuvo que el procedimiento contradice los derechos reconocidos al pueblo garífuna.

El conflicto adquiere todavía mayor relevancia por una decisión internacional que Honduras está obligada a atender. En una sentencia del 20 de noviembre de 2025, notificada en marzo de 2026, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado de Honduras por violaciones a derechos de la comunidad garífuna de Cayos Cochinos, entre ellos la propiedad colectiva, participación, acceso a la información, identidad cultural, alimentación e integridad personal. La Corte determinó, entre otros aspectos, que el Estado no garantizó adecuadamente la consulta previa, libre e informada en decisiones relacionadas con la gestión del área protegida y actividades que afectaron a la comunidad.

La problemática no comenzó con el gobierno de Nasry Asfura. Los hechos examinados por la Corte Interamericana abarcan actuaciones estatales acumuladas durante diferentes administraciones y durante varias décadas. Sin embargo, el actual Gobierno recibió al Estado con obligaciones internacionales pendientes y ahora enfrenta cuestionamientos sobre las medidas que adopta para garantizar los derechos territoriales, proteger a los defensores y avanzar en el cumplimiento de las sentencias.

La propia Corte Interamericana mantiene actualmente bajo supervisión de cumplimiento los casos de la Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros y de la Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros. Esto significa que las obligaciones derivadas de esas decisiones internacionales continúan formando parte de las responsabilidades que debe atender el Estado hondureño, independientemente de qué administración estaba en el poder cuando ocurrieron los hechos originales.

El campamento frente a la Corte Suprema se convirtió así en uno de los principales escenarios de la protesta. Las comunidades exigen el cierre del proceso contra los cinco defensores de San Juan y respuestas sobre el cumplimiento de las sentencias internacionales. La CSJ, por su parte, había convocado anteriormente a representantes garífunas a un espacio de diálogo para abordar los conflictos territoriales y evaluar el cumplimiento de las resoluciones de la Corte Interamericana.

La situación también comenzó a captar atención fuera de Honduras. Este jueves llegó al país una delegación internacional integrada por alrededor de 35 personas para acompañar a las comunidades, observar la situación de los defensores y conocer directamente los reclamos territoriales. La misión permanecerá en Honduras del 17 al 19 de septiembre y ha expresado preocupación por los procesos judiciales y desalojos que afectan a integrantes de las comunidades.

Para el gobierno de Nasry Asfura, el desafío está ahora en las acciones que correspondan al Poder Ejecutivo dentro de sus competencias: garantizar la actuación estatal respetuosa de los derechos humanos, atender las obligaciones internacionales que recaen sobre Honduras y ofrecer garantías a las comunidades y personas defensoras. Las decisiones estrictamente jurisdiccionales, como órdenes de desalojo o procesos penales, corresponden al Poder Judicial y no pueden atribuirse directamente al presidente sin evidencia de intervención del Ejecutivo.

Mientras tanto, el pueblo garífuna continúa movilizado. Desde San Juan hasta Cayos Cochinos y desde la costa Caribe hasta las puertas de la Corte Suprema en Tegucigalpa, sus reclamos territoriales siguen sin desaparecer. Y ante nuevos desalojos, procesos penales y sentencias internacionales todavía bajo supervisión, la pregunta permanece sobre la mesa: ¿quién está garantizando efectivamente los derechos del pueblo garífuna?