MÁS DE 20 ORGANIZACIONES HONDUREÑAS SOLICITAN ACREDITACIÓN COMO OBSERVADORES ELECTORALES PARA ELECCIONES 2025

Más de 20 organizaciones hondureñas solicitan acreditación como observadores electorales para elecciones 2025

Representantes de Organizaciones de Sociedad Civil como Observadores Electorales.
Organizaciones nacionales hacen un llamado al CNE para aprobar cuanto antes el reglamento de observación electoral y permitir su participación plena en las elecciones generales de 2025.


En pleno periodo decisivo para las elecciones generales de Honduras, más de veinte organizaciones nacionales han presentado solicitudes al Consejo Nacional Electoral (CNE) para actuar como observadores electorales en los próximos comicios del 30 de noviembre de 2025. Estas entidades reclaman la aprobación de un reglamento de observación claro y la transparencia necesaria para garantizar un proceso creíble.

Entre las organizaciones que han solicitado participación se encuentran entidades reconocidas como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Red por la Defensa de la Democracia (RDD), entre otras.

El problema que advierten estas organizaciones es que, a la fecha, el reglamento que regularía la observación electoral para las elecciones generales aún no ha sido aprobado por el CNE, lo que genera incertidumbre sobre cómo se acreditarán observadores nacionales. Este retraso despierta preocupación en sectores ciudadanos que han venido advirtiendo que sin normativa clara habrá riesgos para la transparencia del escrutinio y los procedimientos electorales.

El CNE, a través del consejero Marlon Ochoa, confirmó que ya están aprobadas misiones internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea (UE), Uniore y el Centro Carter, para supervisar los comicios. También afirmó que se mantiene abierto el diálogo con organizaciones nacionales para incluirlas en listas de observadores, siempre que cumplan los criterios legales y de imparcialidad exigidos.

Organizaciones como RDD han señalado que el reglamento pendiente es esencial para asegurar que los observadores puedan identificar irregularidades, vigilar la transmisión de resultados y verificar que los centros de votación cumplan protocolos. Sin este instrumento formal, advierten, la observación corre el riesgo de ser simbólica más que efectiva.

 

 

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