¿Cómo construir una sociedad más moderna y desarrollada en Honduras?

Por José Simón Azcona

Para estudiar este problema es necesario comenzar por entender dónde estamos parados. Honduras registra un ingreso por habitante que ronda los 4.000 dólares anuales, cifra que ha mostrado un incremento gradual y sostenido en los últimos años. Sin embargo, este dato no puede analizarse de manera aislada. Debe compararse no solo con el de nuestros vecinos inmediatos, sino con los estándares y dinámicas de la economía mundial. En ese marco, ya nos encontramos en los niveles más bajos, y la progresión económica de otros países demuestra que aquellos que parten desde posiciones rezagadas, pero no crecen a ritmos acelerados, terminan quedándose cada vez más atrás frente a quienes sí lo hacen. De este modo, el atraso persiste y se profundiza en términos relativos, aun cuando en términos absolutos no se registre un retroceso. Este diagnóstico no debe interpretarse como una expresión de envidia frente al éxito ajeno, sino como un punto de partida realista y necesario para analizar qué estamos haciendo mal y, sobre todo, qué debemos hacer para cambiar el rumbo.

El debate ideológico sobre el camino que debe tomar el país suele estar dominado por soluciones simplificadas. La primera, comúnmente asociada a la visión conservadora hondureña —que no debe confundirse con una concepción moderna del desarrollo capitalista—, parte de la idea de que es preferible realizar la menor cantidad posible de cambios en la estructura social y económica, bajo el supuesto de que toda transformación implica una pérdida de lo ya adquirido. Sin embargo, si se asume que el principal motor del desarrollo económico es un sistema capitalista moderno, competitivo y funcional, esta postura resulta contradictoria. En la práctica, conduce a la asignación ineficiente de recursos escasos hacia sectores o empresas improductivas que, amparadas en el discurso de la libre empresa, operan en realidad como estructuras clientelistas, monopólicas u oligopólicas bajo la protección del Estado. Esto no representa competencia genuina ni capitalismo moderno, sino una forma de rentismo que bloquea la innovación, reduce la productividad y frena el crecimiento de largo plazo.

La segunda posición ideológica simplificada parte de la premisa de que el crecimiento económico, en sí mismo, es el enemigo de la justicia social. Esta visión ignora un hecho básico: la única manera de ampliar y sostener las capacidades redistributivas del Estado es a través de un crecimiento económico significativo y sostenido. Sin crecimiento, no hay base fiscal suficiente ni recursos reales para profundizar políticas sociales duraderas. En este sentido, los sectores que se identifican con posiciones más estatistas deben comprender que todo beneficio social adicional solo puede construirse sobre una economía que crece y genera valor. Por ello, el principal aliado en la construcción de una sociedad más justa debe ser la inversión privada, tanto nacional como extranjera, operando en un mercado libre, cumpliendo plenamente con sus obligaciones legales y tributarias, y actuando con responsabilidad social. Crecimiento y justicia social no son objetivos opuestos, sino procesos complementarios cuando están correctamente articulados.

Sin embargo, existe una tercera forma, que es precisamente la que han seguido la inmensa mayoría de los países que han logrado superar la mentalidad del subdesarrollo y construir sociedades más prósperas y modernas. Esta consiste en un sistema capitalista cada vez más libre, competitivo y dinámico, conviviendo con un Estado que hace cada vez mejor su trabajo. Un Estado que planifica, regula, garantiza reglas claras y corrige fallas, sin sustituir ni asfixiar a la iniciativa privada. En este modelo, los distintos actores sociales comprenden que el beneficio de unos no debe construirse a expensas de los demás, y que el crecimiento económico no es un juego de suma cero, sino la única vía realista para alcanzar los objetivos comunes de bienestar, justicia y movilidad social.

Desde este punto de vista, es posible delinear con mayor claridad cuál debe ser el rol del Estado, de la empresa privada y de la sociedad en el progreso del país. El Estado debe luchar por ser más eficiente y por dirigir la mayor proporción de sus recursos hacia las áreas que elevan la competitividad general, como la educación, la seguridad, la infraestructura y la reducción de cargas administrativas innecesarias. La intervención estatal sobre la actividad privada debe sentirse cada vez más liviana, predecible y orientada a crear condiciones, no a sustituir al mercado.

Por su parte, el rol de la empresa privada y de sus representantes debe enfocarse en impulsar mayores niveles de inversión y en mejorar las condiciones competitivas del país en su conjunto. Esto implica avanzar en la eliminación de las deformaciones del mercado que premian a ciertos sectores o empresas a expensas de otros, y abstenerse de promover distorsiones fiscales o regulatorias que, aunque rentables en el corto plazo, terminan generando asignaciones ineficientes de capital y frenando el desarrollo. El escenario ideal es aquel en el que las empresas pueden dedicar la mayor parte de su esfuerzo a la actividad productiva, la innovación y la creación de empleo, y no a la manipulación de sistemas de clientelismo o favoritismo estatal.

La ciudadanía también es una parte central de este proceso. Como sociedad, debemos aspirar a ser cada vez más educados, productivos y ordenados, adoptando una cultura que se corresponda con el futuro que queremos construir. No tiene sentido que el hondureño, en cualquiera de sus niveles, emigre a países desarrollados y adopte allí patrones de disciplina y productividad propios del primer mundo, pero reproduzca estándares mucho más bajos cuando permanece en su propio país. Es perfectamente posible —y necesario— aspirar a niveles personales y familiares de disciplina, orden y preparación equivalentes a los de las sociedades más avanzadas, como base para nuestro propio desarrollo.

Al mismo tiempo, una ciudadanía educada y consciente está en mejores condiciones de elegir a buenos representantes, así como de exigir, vigilar y evaluar que las autoridades electas —que no son otra cosa que nuestros delegados— cumplan su función de manera eficiente y responsable. Sin ciudadanos activos y exigentes no puede haber instituciones fuertes, y sin instituciones fuertes no puede haber desarrollo sostenible.

Honduras no carece de potencial ni de recursos humanos; lo que ha faltado históricamente es un consenso claro sobre el camino a seguir. Construir una sociedad más moderna y desarrollada exige abandonar las falsas dicotomías, superar el inmovilismo y entender que el crecimiento económico, la justicia social y la institucionalidad fuerte no solo son compatibles, sino interdependientes. Un Estado que funcione mejor, un sector privado que compita e invierta sin privilegios, y una ciudadanía responsable y exigente no son aspiraciones abstractas, sino condiciones necesarias para el progreso. El desarrollo no es un acto espontáneo ni un regalo externo: es una decisión colectiva, sostenida en el tiempo, que requiere trabajo, disciplina y una visión clara de país.