Gobierno deja sin salario a médicos y CONADEH lo acusa de violar derechos laborales y el derecho a la salud

El pronunciamiento del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) confirma lo que el gobierno ha querido minimizar: la mora de entre tres y cinco meses en el pago de salarios a unos 600 médicos a nivel nacional no es un simple “retraso administrativo”, es una violación directa a los derechos laborales y al derecho a la salud de la población. La crisis en los hospitales públicos y en el Seguro Social no surge de la nada; es el resultado de una gestión que ha puesto en último lugar a quienes sostienen el sistema de salud.

Según el propio CONADEH, la falta de pago obliga a los médicos a realizar asambleas informativas y medidas de presión, no por capricho, sino por la necesidad de reclamar un derecho básico: su salario. Detrás de cada médico con cinco meses sin pago hay una familia con deudas, dificultades para alimentarse y para subsistir, una situación que evidencia el total irrespeto del gobierno por el trabajo profesional y por quienes están en la primera línea de atención de los hondureños.

Pero el impacto va más allá de los trabajadores de la salud. La primera víctima de esta irresponsabilidad es la ciudadanía, especialmente la más pobre, que no encuentra citas en los hospitales públicos ni en el Seguro Social y se ve obligada a acudir a servicios privados que no puede pagar. Cuando el Estado no garantiza el funcionamiento de la red pública, traslada el costo a los bolsillos de la gente, generando nuevas violaciones: menos acceso a la salud, más endeudamiento y más exclusión.

El propio delegado adjunto del CONADEH ha señalado que es el Estado, a través de la Secretaría de Salud y del Presidente de la República, quien debe sentarse a dialogar y resolver de inmediato la mora salarial, estableciendo las líneas presupuestarias necesarias para cancelar lo adeudado. Si el gobierno tiene recursos para otras prioridades, no puede seguir alegando que no hay dinero para pagar a quienes sostienen un servicio público esencial.

Que el organismo nacional de derechos humanos tenga que recordarle al gobierno que el salario es un derecho y que la salud es un derecho humano revela el nivel de deterioro institucional. Mantener a los médicos sin pago y a los pacientes sin atención no es solo mala administración, es una decisión política que castiga a quienes menos tienen. En un país con tanta desigualdad, ignorar esta crisis es renunciar a la obligación básica del Estado: proteger la dignidad y la vida de su pueblo.