
Una simple interacción en redes sociales ha expuesto, con crudeza, el abismo entre el discurso del gobierno hondureño y la realidad que viven miles de pacientes. Una mujer hondureña preguntó al Nuevo Hospital Rosales de El Salvador si su hermano, que necesita diálisis, podía recibir atención en ese país. La respuesta fue directa: sí puede ser atendido, solo debe presentar su pasaporte o carné de residencia para abrir expediente, en un centro de hemodiálisis que se presenta como el más grande de la región y con servicios gratuitos.
Este mensaje llega pocas semanas después de que el presidente Nasry “Tito” Asfura declarara públicamente que el Estado hondureño no tiene capacidad para sostener ni dar mantenimiento adecuado a los hospitales públicos que dejó en construcción la administración anterior. En otras palabras, mientras un gobierno vecino asegura que puede recibir y atender a pacientes extranjeros con un sistema fortalecido, el gobierno de Honduras se declara incapaz de garantizar siquiera el funcionamiento digno de su propia red hospitalaria.
El contraste no es solo comunicacional, es político y moral. Mientras El Salvador envía al mundo el mensaje de un sistema público que se moderniza, amplía capacidades y ofrece atención gratuita, en Honduras el discurso oficial normaliza la renuncia del Estado a su obligación de garantizar el derecho a la salud. Que un hondureño tenga que mirar hacia otro país para acceder a un tratamiento como la diálisis, y que al mismo tiempo su propio presidente diga que no puede sostener hospitales, revela el nivel de abandono al que se ha sometido a la población.
Las palabras de Nasry no son una simple opinión, son una declaración de intenciones de política pública: si el Estado “no puede sostener” hospitales, ¿qué sigue? ¿Cerrar, privatizar, dejar caer la infraestructura heredada? En lugar de buscar soluciones, reordenar prioridades y combatir la corrupción en salud, se instala la idea de que es normal que el sistema colapse, mientras otros gobiernos en la región demuestran que sí es posible invertir, planificar y poner la salud en el centro.
En este contexto, la comparación con El Salvador no es un ataque externo, es el espejo que muchos hondureños están usando para cuestionar a su propio gobierno. Cuando las familias se ven obligadas a pensar en cruzar fronteras para salvar la vida de un ser querido, queda claro que el problema no es la falta de capacidad del país, sino la falta de voluntad política para construir un sistema de salud público que funcione. Y en esa falta de voluntad, la responsabilidad recae directamente sobre el gobierno de Nasry Asfura.
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