“No se privatiza nada”, asegura María Antonieta Mejía del Partido Nacional, la pregunta aquí es: ¿quién les cree?

 

Las declaraciones de la designada presidencial María Antonieta Mejía sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) han vuelto a encender el debate nacional. La funcionaria aseguró que las reformas impulsadas por el gobierno no buscan privatizar la estatal eléctrica y afirmó que sostener lo contrario es “faltar a la verdad”.

Según Mejía, el Estado mantendrá la propiedad y el control de las represas, redes de transmisión y demás activos estratégicos vinculados al sistema eléctrico nacional. Además, señaló que los verdaderos problemas de la ENEE son consecuencia de décadas de pérdidas millonarias, endeudamiento, mala administración y decisiones equivocadas tomadas por distintos gobiernos.

Sin embargo, lejos de poner fin a la controversia, sus declaraciones han provocado nuevas interrogantes entre amplios sectores de la población, que observan con desconfianza cualquier intento de transformación de una de las instituciones más importantes del país.

Para muchos hondureños, el problema ya no radica únicamente en las palabras del gobierno, sino en la falta de confianza que existe hacia la clase política en general. Durante años, diferentes administraciones han prometido rescatar instituciones públicas, combatir la corrupción y mejorar los servicios básicos, pero la realidad cotidiana de miles de ciudadanos sigue marcada por apagones, tarifas elevadas y un sistema energético que continúa enfrentando enormes desafíos.

Sectores críticos sostienen que antes de aprobar reformas profundas, el gobierno debería explicar de manera detallada cuáles serán los alcances reales de los cambios, qué garantías existirán para proteger los activos estratégicos del Estado y cómo se evitará que futuras administraciones utilicen esos mecanismos para favorecer intereses privados.

La preocupación también surge porque la ENEE representa uno de los patrimonios más importantes del país. Las represas, subestaciones, redes eléctricas y demás infraestructura fueron construidas con recursos públicos y pertenecen a todos los hondureños. Por ello, cualquier modificación genera inevitablemente preocupación y vigilancia ciudadana.

Mientras el gobierno insiste en que las reformas son necesarias para rescatar una empresa debilitada por años de pérdidas financieras, numerosos ciudadanos consideran que el debate debe centrarse en la transparencia y en las garantías legales que impidan cualquier riesgo para el patrimonio nacional.

En redes sociales las reacciones no se hicieron esperar. Muchos usuarios cuestionan por qué existe tanta resistencia a mostrar todos los detalles de la reforma si realmente no existe ninguna intención de privatización. Otros consideran que el país necesita modernizar el sistema eléctrico y corregir los problemas históricos que han afectado a la estatal durante décadas.

Lo cierto es que la discusión continúa creciendo y la desconfianza ciudadana sigue presente. La población exige respuestas concretas, documentos claros y mecanismos que garanticen que las decisiones tomadas hoy no comprometerán el futuro de una institución estratégica para Honduras.