El retorno de JOH es una bofetada a la dignidad nacional. Indignación colectiva frente a la justicia selectiva.



Honduras ha sido testigo de un evento que sacude las fibras más profundas de nuestra psique colectiva: el regreso del expresidente Juan Orlando Hernández tras su indulto en los Estados Unidos. Para muchos, fue un día de desconcierto; para otros, de esperanza sesgada; pero para la inmensa mayoría, despierta un sentimiento visceral de indignación y burla.

Como seres humanos, antes que políticos, somos seres emocionales. Nuestro cerebro reacciona instintivamente ante la percepción de una injusticia flagrante. Cuando vemos a una figura central en los escándalos de corrupción y narcotráfico internacional regresar a su país sin rendir cuentas claras ante nuestros propios tribunales, la amígdala cerebral se activa, generando una respuesta de alerta y rechazo. Sentimos que se nos ha humillado nuevamente.

Es comprensible que la rabia sea la emoción dominante. Sin embargo, no podemos permitir que el secuestro emocional nos paralice o nos lleve al extremismo de la venganza. La indignación es válida y necesaria, pero debe transformarse en una exigencia inquebrantable de dignidad nacional.

El problema de fondo no es la persona de Juan Orlando Hernández, sino lo que su retorno sin procesos legales transparentes representa: la confirmación de una justicia selectiva. Observamos con profunda preocupación cómo el sistema judicial hondureño, lejos de ser un pilar independiente del Estado de Derecho, parece actuar al ritmo de los vientos políticos de turno. Es una justicia maleable, un "traje a la medida" que se ajusta según quién detente el poder.

Esta percepción de impunidad es corrosiva para la democracia. Por un lado, el discurso oficialista intenta culpar al pasado para evadir sus propias responsabilidades actuales; por el otro, la realidad nos muestra que las estructuras que permitieron este retorno siguen intactas, listas para ser usadas por cualquiera que ostente el poder. Los hondureños observamos con alarma cómo el oficialismo utiliza este retorno para desviar la atención de la crisis económica y de seguridad, mientras que las estructuras judiciales, lejos de actuar con independencia, parecen esperar la "luz verde" política para actuar o inhibirse.

No podemos permitir que un indulto internacional sea utilizado como un salvoconducto para eludir la responsabilidad histórica y legal que se tiene con el pueblo hondureño. La democracia no es un borrón y cuenta nueva. La democracia se sustenta en la verdad procesal y en la igualdad absoluta de todos los ciudadanos ante la ley, sin privilegios para expresidentes ni para los gobernantes actuales.

Exigimos al Poder Judicial y al Ministerio Público actuar con total independencia y celeridad. No buscamos un circo político, buscamos un juicio justo y transparente que devuelva la dignidad a las instituciones. La ciudadanía merece pruebas, no narrativas polarizantes; merece sentencias basadas en la ley, no en arreglos entre élites.

El retorno de JOH debe ser el punto de inflexión para dejar de mirar al pasado como excusa y comenzar a construir un futuro basado en la ley. Nuestra postura deber ser firme, queremos una justicia sin dueños ni amos, donde caiga quien caiga y
la ley sea la única soberana.

Hoy, más que nunca, Honduras necesita una justicia pareja para todos. Esa es nuestra única ruta hacia la verdadera paz social y el desarrollo.

 

 

 

 

 

 


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