Diputada Iroshka Elvir impulsa reforma para limitar la permanencia del CNE y exige recursos para viviendas de familias afectadas en la colonia Guillén

La diputada del Partido Liberal, Iroshka Elvir, presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de reforma constitucional orientado a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) deje de funcionar con carácter permanente y pase a operar de forma temporal únicamente en períodos previos a los procesos electorales primarios y generales. 

Con esta propuesta, la congresista busca reducir estructuras que se mantienen activas y con alto costo para el Estado incluso fuera de los ciclos electorales, promoviendo una institucionalidad más ágil, focalizada y eficiente.

El planteamiento de Elvir apunta a que el CNE se active de manera formal en las etapas de organización, ejecución y cierre de los procesos electorales, manteniendo las garantías necesarias para la transparencia y la seguridad del voto, pero evitando un organismo sobredimensionado en tiempos no electorales. Esta visión pretende abrir la discusión sobre el rediseño del sistema electoral, su costo y su verdadera función dentro de la democracia hondureña.

Paralelamente, Iroshka Elvir presentó una segunda iniciativa para que se destine una partida presupuestaria específica con el fin de finalizar el proyecto habitacional para las familias afectadas por el derrumbe de la colonia Guillén. Muchas de estas familias continúan en condición de vulnerabilidad, a la espera de soluciones definitivas que les permitan acceder a una vivienda digna y segura luego de haberlo perdido todo.

La propuesta busca que el Estado asuma con responsabilidad la culminación de estas obras, de manera que no queden como promesas inconclusas ni proyectos a medio camino. Al asegurar recursos en el presupuesto, se da un paso concreto para garantizar que las casas sean terminadas y entregadas, brindando estabilidad a hogares que han vivido en la incertidumbre.

Desde el Partido Liberal de Honduras, las iniciativas impulsadas por Iroshka Elvir combinan la agenda de reforma institucional con una agenda social centrada en las víctimas de desastres, enviando el mensaje de que la política debe servir tanto para ordenar el funcionamiento del Estado como para atender de manera directa las necesidades de las familias más afectadas. El llamado es a que el Congreso abra el debate y actúe con responsabilidad frente a ambas demandas: una democracia más eficiente y un país más justo y solidario.