La ENEE es patrimonio del pueblo, no el negocio de unos pocos.

El debate sobre el futuro de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ha vuelto a tomarse la agenda pública, y con ello, resurgen viejos fantasmas que la sociedad hondureña conoce muy bien. Cada vez que se habla de "reformas estructurales" en los servicios básicos, el ciudadano siente un lógico temor, que el costo de las malas administraciones termine pagándose con el patrimonio de todos. En el contexto actual, la postura debe ser firme y sin ambigüedades, transformar la estatal eléctrica es urgente, pero entregarla al capital privado es un error histórico que no nos podemos permitir.

La experiencia nos ha demostrado, a golpes de realidad, que los procesos de privatización en América Latina rara vez se traducen en bienestar para las mayorías. Cuando un bien estratégico deja de ser un derecho social y pasa a ser un negocio, las prioridades cambian; el lucro se coloca por encima de la cobertura y las tarifas se vuelven asfixiantes para las familias más vulnerables. Defender el carácter público de la ENEE no es un capricho ideológico, es una necesidad de supervivencia económica para un pueblo que ya carga con demasiadas dificultades para salir adelante.

Las propuestas que abren la puerta a la fragmentación de la empresa y a la creación de sociedades mercantiles generan alertas alarmantes. ¿Qué se esconde detrás de la intención de dividir la estatal en sociedades anónimas? El modelo de la S.A. responde por naturaleza al secreto comercial y a los intereses de sus accionistas, sepultando la transparencia pública. ¿Qué garantías reales existen de que nuestra infraestructura más valiosa, como las grandes represas hidroeléctricas, no terminará desprotegida ante riesgos financieros o bajo el control de capitales corporativos ajenos al país? Desmantelar la columna vertebral de nuestra matriz energética y esconderla tras el velo de sociedades anónimas es ceder por completo el control de nuestro propio desarrollo.

Una verdadera reforma no pasa por deshacerse de lo que nos pertenece, sino por asumir la responsabilidad de administrarlo bien. La modernización de la ENEE debe enfocarse en la eficiencia técnica, el combate frontal a la corrupción, la reducción de pérdidas y la transparencia absoluta. El Estado tiene la obligación de ser un administrador riguroso y justo, capaz de garantizar un servicio de calidad, continuo y a precios razonables, asumiendo su rol protector de la colectividad.

El progreso de Honduras no puede construirse sacrificando sus recursos estratégicos. Modernizar las instituciones significa fortalecer su capacidad de respuesta hacia la gente, no debilitarlas ni delegar las obligaciones públicas al mejor postor. La energía eléctrica es un motor de desarrollo humano y social; mantener su control en manos del sector público, blindando sus bienes de cualquier intento de privatización disfrazada, es el único camino para asegurar que la luz del desarrollo brille para todos y no solo para unos pocos.