CINCO NOTARIOS SANCIONADOS Y 12 BAJO INVESTIGACIÓN POR IRREGULARIDADES

El sistema de justicia hondureño enfrenta un nuevo golpe a su credibilidad tras revelarse que notarios han incurrido en malas prácticas, un reflejo más de la corrupción enquistada en las instituciones.

Escultura de una mujer con balanza en mano, símbolo de la justicia, frente al edificio principal de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

La Corte Suprema de Justicia informó la sanción a cinco notarios y la investigación de otros 12 por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.


La Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó este martes que cinco notarios han sido sancionados y otros 12 se encuentran bajo investigación por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La magistrada Gaudy Bustillo confirmó que se han implementado nuevos mecanismos de control y que algunos casos ya fueron remitidos al Ministerio Público.

La corrupción en el corazón del sistema

El hecho de que profesionales del derecho, quienes deberían garantizar la legalidad de los actos civiles y comerciales, se vean envueltos en irregularidades, constituye un grave síntoma de la descomposición del sistema judicial hondureño. No se trata de casos aislados, sino de un patrón que refleja cómo la corrupción permea incluso a los operadores de justicia que deberían ser garantes de transparencia.

Para muchos analistas, estas sanciones son apenas la punta del iceberg. La falta de supervisión histórica, el tráfico de influencias y la venta de favores legales han convertido la notaría en un espacio fértil para negocios ilícitos, desde el blanqueo de propiedades hasta la manipulación de documentos en beneficio de grupos de poder.

Un Ministerio Público cuestionado

Si bien la magistrada Bustillo afirmó que varios casos fueron trasladados al Ministerio Público, persiste la duda ciudadana sobre si realmente se ejercerá justicia. El MP ha demostrado en múltiples ocasiones ser selectivo en sus investigaciones, actuando con rapidez contra figuras menores mientras guarda silencio ante nombres vinculados a las altas esferas políticas y económicas.

La experiencia reciente en Honduras muestra que las sanciones administrativas rara vez se traducen en consecuencias penales efectivas, lo que termina reforzando la percepción de impunidad.

El trasfondo político

Este nuevo escándalo judicial ocurre en un contexto en el que la credibilidad de la Corte Suprema de Justicia está seriamente cuestionada. Recordemos que el sistema judicial fue uno de los principales engranajes que permitió el saqueo público y la protección a estructuras criminales durante los 12 años del Partido Nacional, y que, bajo la actual administración de LIBRE, las promesas de depuración y reforma siguen siendo letra muerta.

La ciudadanía esperaba un giro profundo en la administración de justicia, pero en lugar de ello encuentra más de lo mismo: un sistema que castiga a unos pocos y protege a los verdaderos responsables del saqueo y la narcopolítica.

Análisis de EL PUEBLO

La sanción a cinco notarios no es una victoria del sistema, sino la confirmación de su podredumbre. Mientras no exista una depuración real y un compromiso político para combatir la corrupción estructural, los casos de notarios, jueces y fiscales corruptos seguirán repitiéndose.

El problema no es la falta de leyes, sino la falta de voluntad. Y en Honduras, lamentablemente, esa voluntad se doblega siempre ante los intereses de las élites y del crimen organizado.

 

 

 

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