TITULARIDAD EN PAPEL, IMPUNIDAD EN LA PRÁCTICA: LA TRAGEDIA DE LOS MISQUITOS FRENTE AL DESPOJO Y EL NARCO

A pesar de ser declaradas indivisibles e inalienables bajo leyes de 2004 y 2007, las tierras misquitas enfrentan invasiones, deforestación ilegal y control del narco sin respuesta del gobierno. 

Las comunidades misquitas han alzado la voz contra la invasión de terceros, narcotráfico y tala ilegal en tierras tituladas que deberían estar protegidas.

El papel lo resiste todo, menos al olvido y al saqueo. Aquellas 1.5 millones de hectáreas que, desde mediados de los años 2000, se pensaba protegerían para siempre bajo las leyes hondureñas que reconocen títulos colectivos a los pueblos misquitos, hoy padecen invasiones abiertas, narcotráfico activo, tala ilegal y la impunidad como norma.

A través de la Ley de Propiedad de 2004 y la Ley Forestal de 2007, Honduras reconoció la propiedad territorial de comunidades indígenas en La Mosquitia. Los títulos colectivos otorgados —indivisibles, imprescriptibles e inalienables— debieron garantizar que ninguna persona ni institución pudiera despojarlas de esas tierras ancestrales.

El programa contó incluso con apoyo internacional, como el del Banco Mundial, mediante el Proyecto de Administración de Áreas Rurales, que permitió entregar títulos a 14 concejos territoriales en Gracias a Dios.

Sin embargo, la esperanza de la titulación legal se ha ido erosionando ante la inacción del Estado y la embestida de actores con poder y recursos.

Territorio vs. invasores: la derrota de la ley

Las comunidades indígenas misquitas señalan que desde hace años las fronteras de sus tierras tituladas son vulnerables: colonos, terceros armados, empresas que deforestan, gente que compra tierras o simplemente invaden con violencia. En algunos casos, los invasores ofrecen billetes; en otros, disparos.

Un ejemplo doloroso: en la zona de Bodega, municipio de Wampusirpi, dos misquitos fueron asesinados y otro quedó herido mientras defendían parcelas comunales ante invasores armados.

También hay un constante despojo a través de narcoactores: grupos que operan clandestinamente talan árboles, crean pistas de aterrizaje, ofrecen tierras baratas o presionan para que las vendan, lavan dinero con esas tierras, y en algunos casos establecen rutas de tráfico de coca.

El papel cómplice del Estado

Aunque hay leyes, declaraciones, pedidos de firmas de comunidades e incluso denuncias nacionales e internacionales, muy pocas veces se ve acción judicial efectiva. Algunas de las instituciones señaladas como responsables del control (Instituto Nacional Agrario, Instituto de Conservación Forestal, Ministerio Público, Fuerzas de Seguridad) aparecen lentas, descoordinadas o con incapacidad para hacer cumplir las sentencias, órdenes de desalojo o fiscalizaciones.

Por ejemplo, recientemente más de 8,000 firmas fueron enviadas a la presidenta Xiomara Castro solicitando detener invasiones y tala ilegal en La Mosquitia.

Otro ejemplo: las comunidades misquitas han recurrido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) para impedir la construcción de una megacárcel en Mocorón, pues dicen que no fue consultada de manera previa y libre —una exigencia legal para cualquier proyecto en territorios indígenas.

Consecuencias sociales y ecosistémicas

El daño no es solo legal o territorial, es humano. Deforestación, contaminación, desplazamientos silenciosos, amenazas violentas, muerte, pérdida de biodiversidad, desaparición de especies, tala sin control, pérdida de agua, erosión del suelo, aislamiento de comunidades indígenas que dependen del bosque, los ríos, de la pesca y de la biodiversidad.

¿Para quién gobierna realmente la ley?

La pregunta que se alza sobre La Mosquitia es: ¿la titulación sirve realmente para proteger, o simplemente para simular cumplimiento internacional? Las leyes están. Los títulos están. Pero esas tierras ancestralmente defendidas por los misquitos hoy son motivo de ambición de narcopolíticos, empresas poderosas y colonos empobrecidos que hallan salida en la tierra como refugio de impunidad.

El Estado, todavía responsable, tiene en su mano detener invasiones, procesar delitos, garantizar consulta previa, actuar contra el crimen organizado que opera desde la invisibilidad.

 

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