Honduras no solo necesita más leyes, necesita que las que ya existen funcionen

 
Por Katherine Janosky

En Honduras existe una tendencia casi automática frente a cada problema: ¡crear una nueva ley". Como si el simple acto de legislar fuera, por sí mismo, una solución. Como si el papel tuviera la capacidad de transformar la realidad sin la voluntad, la eficiencia y la responsabilidad de quienes deben aplicarlo.

Sí, el país necesita leyes. Necesita marcos jurídicos modernos, coherentes y adaptados a los desafíos actuales. Pero no necesita solo eso. Porque una ley que no se cumple, que no se ejecuta o que se aplica de manera desigual, deja de ser una herramienta de justicia y se convierte en una ilusión institucional.

El verdadero problema no es la ausencia de normas, es la distancia entre la norma y la realidad. Esa distancia se siente en el ciudadano que espera meses o años por una resolución. En el emprendedor que queda atrapado en trámites interminables. En el inversionista que se enfrenta a procesos opacos. En la persona que percibe que la ley existe… pero no para todos. Ahí es donde el Estado falla. No en su capacidad de escribir leyes, sino en su capacidad de hacerlas funcionar.

Un sistema jurídico no se mide por la cantidad de normas que produce, sino por la eficacia con la que las cumple. Y cuando la ejecución falla, lo que se debilita no es solo la institucionalidad, se erosiona la confianza, se normaliza la frustración y se instala la percepción de injusticia.

Porque la ley que no se cumple, no ordena, confunde. No protege, debilita. No genera respeto, genera indiferencia; y en ese punto, el problema deja de ser técnico para convertirse en profundamente humano.

Un Estado que no logra hacer efectivas sus propias reglas termina trasladando el costo de su ineficiencia al ciudadano. Le roba tiempo, oportunidades y, en muchos casos, dignidad.

Por eso, el debate no puede quedarse únicamente en “qué nuevas leyes necesitamos”, sino en una pregunta más incómoda y más urgente: ¿Por qué las que ya existen no están funcionando como deberían?

Responder esa pregunta implica mirar de frente problemas estructurales como la burocracia excesiva, falta de coordinación institucional, debilidad en los mecanismos de control, y en algunos casos, ausencia de voluntad; pero también implica asumir una responsabilidad colectiva.

Mejorar la eficacia del sistema no depende solo de reformas legales, sino de una transformación en la forma en que entendemos el servicio público, de comprender que cada trámite, cada resolución, cada proceso, impacta directamente la vida de alguien.

Honduras no necesita un Estado más grande, necesita un Estado que funcione mejor. Un Estado que respete el tiempo de su gente. Que aplique la ley con coherencia. Que genere certeza en lugar de incertidumbre. Legislar es importante, pero ejecutar es esencial, y mientras no cerremos la brecha entre lo que está escrito y lo que realmente ocurre, seguiremos construyendo soluciones sobre una base frágil.

El verdadero cambio no comienza cuando se aprueba una nueva ley, comienza cuando las que ya existen dejan de ser letra muerta y se convierten, por fin, en realidad.