Juicios Políticos "Chambones"

Por Octavio Pineda

 El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define como chambón a “alguien poco hábil en cualquier arte o facultad, que consigue por chiripa algo”. En Honduras se entiende como tal a la persona que no hace nada bueno o que no hace bien las cosas. Comienzo con estas definiciones porque, al entender de muchos, incluyéndome, el proceso del juicio político iniciado en esta legislatura del CN no ha sido manejado adecuadamente, y pese a la validez del mismo, los resultados finales no son lo que había en el espíritu del Constituyente y de los congresistas al momento de instaurarlos en el texto constitucional.

A ver, con esto no quiero decir que, por lo sucedido en el proceso electoral anterior desde las internas, no debieron ser sometidos a juicio político varias autoridades, comenzando por la misma expresidenta de la República, Xiomara Castro de Zelaya, y varios de sus acólitos, dispuestos a violentar la Constitución y las leyes, así como los cánones de toda responsabilidad política, en la búsqueda de traicionar la voluntad popular para perpetuarse de manera criminal en el poder. Al contrario, debieron y deben ser sometidos todos ellos: Marlon Ochoa, Mario Morazán, la ahora expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Raquel Obando, los diputados que conformaron la tristemente célebre Comisión Permanente del CN, Luis Redondo, Johel Zelaya y varios otros y otras, al peso cierto de la ley con toda su fuerza.

El art. 234 constitucional es claro al señalar que procede el juicio político contra el presidente y designados presidenciales, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, diputados al Congreso Nacional y Parlacen, corporaciones municipales y todos los servidores públicos electos por el CN, cuando contra ellos exista denuncia grave en el desempeño en su cargo, “por realizar actuaciones contrarias a la Constitución de la República o el interés nacional y por manifiesta negligencia, incapacidad o incompetencia para el desempeño del cargo”. Además, dicho artículo señala que, sin perjuicio —y esto es muy importante y toral en mi argumento—, de la responsabilidad administrativa, civil y penal, la destitución del cargo será la única consecuencia derivada de la responsabilidad decretada mediante un juicio político. En otras palabras, el castigo del juicio político es y debe ser precisamente político.

La inferencia lógica es que, después de la destitución del cargo, proceden los juicios por la actividad administrativa, el daño civil y la acción criminal típica establecida en el Código Penal ante los Tribunales de Justicia. Por lo que es incongruente, por ello, que se le permita a la que era presidenta de la CSJ renunciar al cargo y mantenerse como magistrada de ese alto poder, si cometió delito de traición a la patria, por ejemplo. Ahí, la primera chambonada del CN. Si es procesada penalmente o de otra forma y el proceso termina en el pleno del PJ, ¿será juez y parte?

La otra chambonada es hacerle juicio político solo a uno de esos funcionarios y no a todos los involucrados, porque la violación a la Constitución, los delitos electorales, las obstrucciones administrativas, etc., etc., fueron cometidos por varios funcionarios y servidores públicos en diversos niveles, y solo dirigir el juicio político contra uno y no contra todos huele mal. Da la sensación de más de lo mismo de lo que está asqueado el pueblo hondureño: las famosas componendas políticas entre los cafres que manejan a los partidos y que, en un acto de cálculo o de complicidad por sus propios delitos, sacrifican al perro más flaco para salvar a las vacas sagradas. Todo ello sienta un mal precedente para el futuro.

Recordemos, estimado lector, que en el asunto de origen del juicio político existen diferentes tipos de delitos cometidos por estos funcionarios electos: hubo violación y revelación de secretos; delitos contra la libertad política; delitos contra la existencia y seguridad del Estado, incluyendo el delito de traición a la patria, que tiene aparejada una condena de reclusión de 15 a 20 años; delitos que comprometieron la paz, la seguridad exterior o la dignidad de la nación; delitos contra la forma de gobierno, que imponen reclusión de 6 a 12 años y a los funcionarios, una inhabilitación absoluta para participar en cargos de elección popular y otros por el mismo término.

Delitos cometidos por los funcionarios contra el ejercicio de derechos garantizados por la Constitución: sedición, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, delitos electorales y otros, que obviamente deberán ser perseguidos por el nuevo fiscal general del Estado, si es cierto que se quiere sentar un precedente para que no se vuelvan a dar los hechos que se dieron en marzo y noviembre del año pasado, y que se cumpla a cabalidad el principio de legalidad establecido en los artículos 321 y 323 de la Carta Magna, y nadie se sienta tentado a violentar el principio de supremacía constitucional y legal en Honduras. Por lo que tiene la palabra el Ministerio Público.

Entonces, la discusión no es si proceden o no los juicios políticos contra todos estos funcionarios que violentaron la Constitución y atentaron contra nuestro sistema democrático. La discusión es si existe la madurez política suficiente en los partidos políticos del país, sus líderes y en las bancadas de diputados en el CN para ajustarle las cuentas a estos funcionarios y a otros, porque quedan en el tintero la posibilidad de juicios políticos contra diputados que aprobaron las Zedes, que promovieron la inconstitucional reelección de JOH y los magistrados de la Sala Constitucional del momento que declararon inauditamente inconstitucional a la Constitución y sus artículos pétreos. Los involucrados en violaciones anteriores al texto constitucional y que salieron electos a la presente legislatura, hay que ir más allá, si son sinceros esos cantos de renovación del gobierno de Asfura, que, por cierto, se mantiene muy calladito en estos temas. Hay que actuar con equilibrio y verdadera justicia si se va a ser diferente, porque el pueblo está expectante y no es tonto.

¡Dejen la chambonada!