¡Escándalo judicial! La Corte Suprema le abre la puerta a Juan Orlando Hernández: el expresidente condenado por narcotráfico regresa a Honduras sin esposas ni cárcel

 

Honduras vive uno de esos momentos que hacen dudar de la solidez de sus instituciones judiciales. La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de eliminar la orden de captura que pesaba sobre el expresidente Juan Orlando Hernández y le permitió presentarse voluntariamente a los tribunales de la República, allanando el camino para que el político condenado por narcotráfico en los Estados Unidos regrese al país el próximo 31 de julio sin ningún impedimento legal que obstaculice su llegada.

El contexto de esta decisión es imposible de ignorar. Juan Orlando Hernández fue condenado por un tribunal federal estadounidense por delitos graves relacionados con el narcotráfico, crímenes que según las pruebas presentadas en ese juicio involucraron el uso del poder presidencial para facilitar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Una condena que sacudió la imagen de Honduras ante el mundo y que debería servir como punto de partida para que la justicia hondureña profundice las investigaciones sobre los crímenes cometidos en suelo nacional.

Sin embargo, el indulto otorgado por el presidente Donald Trump cambió el panorama político y jurídico, y la Corte Suprema hondureña respondió a ese cambio de la manera más cuestionable posible: eliminando la orden de captura y permitiéndole al expresidente llegar al país como si fuera un ciudadano ordinario que regresa de un viaje, y no un político que enfrentó una condena por narcotráfico en la justicia internacional.

Según lo informado, Hernández regresará a Honduras el 31 de julio y el 3 de agosto se presentará voluntariamente ante los tribunales de la República para responder por los delitos de Fraude y Lavado de Activos en el marco del caso Pandora II, proceso que sigue pendiente en la justicia hondureña y que abarca acusaciones de corrupción y manejo ilícito de recursos durante su gobierno.

La pregunta que miles de hondureños se hacen es inevitable: ¿por qué un ciudadano común acusado de delitos similares enfrentaría prisión preventiva automática mientras que un expresidente condenado por narcotráfico en otro país puede regresar voluntariamente y presentarse cuando él decida? La respuesta que la Corte Suprema no ha dado con claridad es precisamente la que más le importa a una ciudadanía que lleva décadas viendo cómo el sistema judicial trata de manera diferente a los poderosos y a los de a pie.

Honduras tiene la oportunidad de demostrar que su sistema judicial funciona de manera independiente y que nadie, sin importar su apellido o sus conexiones políticas, está por encima de la ley. El regreso de Juan Orlando Hernández será la prueba más visible y contundente de si esa independencia existe o si, una vez más, el poder político logra doblar la vara de la justicia a su favor.

El pueblo hondureño observa. Y juzga.