¿Transparencia o liquidación del patrimonio público?

 

Por: Oscar Francisco Ávila

La reciente venta del avión presidencial vuelve a colocar sobre la mesa un tema que Honduras no ha logrado superar: la transparencia en el manejo de los bienes públicos. Más allá de la conveniencia o no de mantener una aeronave oficial, lo que realmente preocupa es la claridad con la que se toman las decisiones y la confianza que generan los procesos de contratación y enajenación del patrimonio del Estado. 

En su momento, la población recibió la versión de que la aeronave había sido donada. Sin embargo, posteriormente se confirmó que el Estado hondureño la había adquirido con recursos públicos para uso de la Presidencia de la República, en ese entonces para el ex presidente Juan Orlando Hernandez Ese cambio de narrativa ya representó un golpe a la credibilidad institucional. 

El costo de adquisición fue de 14 millones de dólares, equivalentes hoy a aproximadamente 374.9 millones de lempiras. 

Tras dos períodos de gobierno, el Congreso Nacional autorizó su venta mediante una licitación pública. No obstante, el proceso dejó más preguntas que respuestas. Inicialmente participaron dos oferentes: una empresa hondureña y otra de origen mexicano. Posteriormente, la empresa nacional se retiró, dejando a la compañía mexicana como única participante, la cual terminó adquiriendo la aeronave por alrededor de 130 millones de lempiras. 

La diferencia entre el precio de compra y el de venta es evidente. Aunque cualquier activo pierde valor con el paso del tiempo, el Estado tiene la obligación de demostrar, con avalúos técnicos independientes y estudios de mercado, que el precio obtenido corresponde al valor real del bien y que el procedimiento garantizó competencia efectiva, igualdad de oportunidades y el mejor beneficio para los hondureños.

La transparencia no consiste únicamente en cumplir un requisito legal. También implica despejar toda duda razonable, publicar la información completa y permitir el escrutinio ciudadano. Cuando una licitación termina con un solo oferente y una diferencia tan marcada entre el costo de adquisición y el precio de venta, la desconfianza surge de manera inevitable.

La ciudadanía merece respuestas claras, no especulaciones. Porque el patrimonio del Estado pertenece a todos los hondureños, y cada lempira administrado por el gobierno debe estar respaldado por procesos transparentes, abiertos y verificables. Solo así podrá fortalecerse la confianza en las instituciones y demostrarse que las decisiones públicas responden verdaderamente al interés nacional.

Oscar Francisco Ávila

Secretario de Comunicación Política

Partido Liberal de Honduras

Máster en Comunicación Política

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