POLIDEPORTIVO DE L.5.5 MILLONES SE VIENE ABAJO: OBRA INAUGURADA EN 2023 EXPONE EL COLAPSO Y LA IMPUNIDAD EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

El techo del recinto, inaugurado por el Gobierno el año pasado, colapsó tras vientos fuertes. La caída revela fallas de diseño, supervisión y transparencia. La comunidad exige auditoría y sanciones.

Estructura metálica del techo de un polideportivo colapsada y retorcida sobre el césped tras vientos fuertes.
L.5.5 millones en el suelo: el techo del polideportivo se vino abajo, abriendo sospechas de mala calidad y falta de control estatal.

Olanchito, Yoro, 31 de julio de 2025. El techo del polideportivo inaugurado en 2023 —con un costo estimado de 5.5 millones de lempiras— terminó retorcido sobre el terreno tras un episodio de vientos fuertes. No fue una tormenta extraordinaria ni un huracán; fue otra obra pública que no resistió lo mínimo. El mensaje es claro: o la estructura estuvo mal diseñada, o fue mal construida, o nadie la supervisó… o todo a la vez.

“Cuando una obra recién estrenada cae ante el primer embate del clima, no hablamos de mala suerte: hablamos de mala gestión y de posibles irregularidades que deben investigarse.”

La caída del techo encaja en un patrón que la ciudadanía ya conoce: licitaciones opacas, materiales de baja calidad, falta de supervisión técnica y garantías que pocas veces se ejecutan. Si el Gobierno se escuda en el clima, evade lo esencial: cualquier polideportivo debe calcularse para soportar eventos de viento frecuentes en la zona y contar con anclajes, uniones y perfiles que lo aseguren.

“El dinero público no está para ‘ensayo y error’. Si aquí hubo negligencia o corrupción, debe saberse quién firmó, quién cobró y quién permitió entregar esta obra.”

La responsabilidad es compartida entre la dependencia ejecutora, la empresa constructora y la interventoría que certificó calidad. Urge un peritaje estructural independiente que determine por qué falló el diseño, qué materiales se usaron y si se cumplieron normas y planos. A partir de ahí, el Estado tiene la obligación de ejecutar las fianzas, exigir la reposición inmediata y remitir hallazgos al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público.

Preguntas que el Gobierno debe responder ya:

  • ¿Quiénes integraron la comisión de recepción y con qué criterios aprobaron la obra?
  • ¿Se hicieron estudios de viento y suelos acordes a la zona?
  • ¿Dónde están las bitácoras de obra, certificados de materiales y pruebas de carga?
  • ¿Por qué no se han ejecutado las garantías y fianzas a favor del Estado?

Este colapso no es un hecho aislado: refleja un sistema público debilitado que tolera el “cumplo y miento” en lugar de resultados. Mientras no haya consecuencias reales —administrativas, civiles y penales—, los proyectos seguirán cayéndose y el dinero de la gente seguirá perdiéndose.

 

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