ACTIVISTA DE LIBRE DENUNCIA DESVÍO DE L.950 MILLONES EN SEDESOL: FONDOS PÚBLICOS USADOS COMO BOTÍN POLÍTICO

La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público en San Pedro Sula por el activista Óscar Zelaya, quien señala que recursos destinados a programas sociales se desviaron para fines partidarios.

El activista de Libre, Óscar Zelaya, denunció el supuesto desvío de L.950 millones en SEDESOL, señalando que los fondos fueron usados para fines políticos.

San Pedro Sula, 01 de agosto de 2025. Un nuevo escándalo sacude al oficialismo. El activista de Libre, Óscar Zelaya, denunció ante el Ministerio Público en San Pedro Sula el presunto desvío de 950 millones de lempiras en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), recursos que según la denuncia habrían sido canalizados para fortalecer estructuras políticas vinculadas al partido de gobierno.

La acusación es grave: fondos que debieron dirigirse a programas de alivio a la pobreza habrían terminado alimentando clientelismo electoral y redes partidarias. En lugar de ser invertidos en salud, educación, vivienda o generación de empleo, los recursos públicos se transformaron en herramienta de control político.

“No podemos permitir que el dinero del pueblo se utilice como botín electoral. La corrupción no se combate desviando fondos, sino garantizando transparencia”, expresó el denunciante al presentar su caso ante el ente acusador.

El caso desnuda nuevamente la doble moral del oficialismo, que se ha vendido como adalid contra la corrupción mientras en sus propias filas surgen señalamientos cada vez más escandalosos. La ironía es evidente: la denuncia proviene de un activista del mismo partido en el poder, lo que confirma que las irregularidades ya no pueden ocultarse ni dentro de sus bases.

Sin embargo, la gran interrogante es otra: ¿actuará el Ministerio Público? Distintos sectores de sociedad civil han reiterado que la Fiscalía se encuentra secuestrada por el oficialismo, lo que explica la falta de resultados en casos que tocan directamente al círculo del poder. El temor es que esta denuncia termine archivada, como tantas otras, en la bodega de expedientes incómodos.

La desconfianza crece porque mientras se anuncia “lucha frontal contra la corrupción” desde los discursos oficiales, en la práctica los recursos del pueblo siguen desapareciendo. Casi mil millones de lempiras que debieron mejorar la vida de los más pobres ahora son señalados como parte de una maquinaria política que antepone el interés partidario sobre el bienestar social.

Honduras no puede seguir tolerando un modelo de gobierno donde las instituciones son instrumentos de impunidad y los fondos públicos una caja chica para manipular a los necesitados. Si la denuncia de Óscar Zelaya no es investigada a fondo y con independencia, quedará demostrado una vez más que en este país la justicia sirve al poder y no al pueblo.

 

 

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