CONTRABANDO DE CIGARRILLOS ILEGALES SIGUE CRECIENDO EN HONDURAS Y GOLPEA AL ESTADO CON MILLONARIAS PÉRDIDAS

El tráfico ilícito de tabaco avanza por rutas terrestres y marítimas, alimentando economías criminales y evidenciando la debilidad del Estado en el control fronterizo.

Este delito genera millonarias pérdidas fiscales y fortalece redes criminales en Honduras ante la falta de controles efectivos.

El contrabando de cigarrillos ilegales continúa expandiéndose en Honduras, consolidándose como una de las principales economías paralelas que operan bajo el control de redes criminales organizadas.

Las cajas de cigarrillos cruzan el país sin mayores obstáculos: ingresan por caminos clandestinos en las montañas de Ocotepeque, se desplazan por trochas en Copán y terminan en tiendas improvisadas en barrios de San Pedro Sula y Tegucigalpa. Otras rutas incluyen lanchas que burlan los controles costeros en playas del sur del país, lo que evidencia la diversificación de los mecanismos de contrabando.

Aunque la atención mediática suele enfocarse en el tráfico de drogas y armas, este comercio ilícito se ha convertido en un negocio rentable para organizaciones delictivas que operan sin rostro, pero con gran influencia y capacidad logística. Según estimaciones oficiales, el Estado hondureño pierde millones de lempiras en recaudación fiscal cada año debido a este fenómeno, al tiempo que circulan productos sin ningún tipo de control sanitario, poniendo en riesgo la salud de la población.

Un problema que revela vacíos institucionales

Más allá de las pérdidas fiscales, este flagelo deja al descubierto la fragilidad del Estado en el control de fronteras, donde la corrupción y la falta de recursos permiten el ingreso constante de mercancía ilegal. Mientras tanto, en el Congreso y en las instituciones encargadas de la seguridad y el comercio, los debates sobre cómo enfrentar esta problemática suelen quedarse en el papel, sin medidas efectivas en el terreno.

Críticos advierten que el crecimiento del contrabando de cigarrillos no solo significa un golpe a las finanzas públicas, sino que también refleja cómo las redes criminales se fortalecen en la sombra, alimentadas por la inacción estatal. Todo esto se da en un contexto donde el gobierno asegura combatir las economías ilícitas, pero destina más recursos a la compra de armas o proyectos políticos que a reforzar aduanas y controles fronterizos.

El contrabando de tabaco, al igual que el de drogas y armas, es otro ejemplo del desequilibrio estructural que permite a los grupos criminales expandirse mientras el Estado pierde credibilidad y capacidad de respuesta.

 

 

 

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