CSJ BAJO CRÍTICAS POR GASTAR MÁS DE 300 MIL LEMPIRAS AL MES EN VEHÍCULOS BLINDADOS

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, y los magistrados del pleno destinan millones de lempiras en renta de camionetas blindadas mientras la población enfrenta una grave crisis económica.

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, es cuestionada por el millonario gasto en alquiler de vehículos blindados.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) se encuentra nuevamente en el centro de la polémica. De acuerdo con informes recientes, la institución estaría gastando más de 300 mil lempiras mensuales en el alquiler de un vehículo blindado de lujo para la presidenta Rebeca Raquel Obando.

Pero este no es un caso aislado. Cada uno de los 21 magistrados del pleno dispone de un vehículo blindado rentado, con un costo similar. En total, el Poder Judicial estaría destinando más de 76 millones de lempiras anuales solo en esta partida.

¿Por qué alquilar y no comprar?

El esquema de contratación revela que el Poder Judicial paga entre 354 y 385 dólares diarios por cada vehículo, dependiendo del modelo y año. Críticos internos señalan que si los fondos se administraran de manera responsable, resultaría más económico adquirir los vehículos en lugar de mantener alquileres onerosos.

Un magistrado, bajo condición de anonimato, cuestionó:

“¿Señora presidenta, no cree que sale mejor comprar esos vehículos que alquilarlos?”.

Un contraste doloroso con la realidad nacional

Mientras la CSJ despilfarra millones en camionetas blindadas, Honduras sigue siendo uno de los países más pobres de Centroamérica, con altos índices de desigualdad, desempleo y carencia de servicios básicos. Este tipo de decisiones golpea la confianza ciudadana en una institución llamada a impartir justicia y dar ejemplo de austeridad.

El hecho se agrava cuando la presidenta del Poder Judicial prometió, al asumir el cargo, un enfoque de transparencia y responsabilidad en el manejo de recursos públicos. Sin embargo, hoy se cuestiona si estos gastos corresponden a las prioridades de un país que enfrenta colapsos hospitalarios, deficiencias educativas y altos niveles de inseguridad.

Una justicia que pierde credibilidad

El despilfarro en la CSJ refleja un patrón que ha acompañado a distintos poderes del Estado: privilegios para unos pocos a costa de la mayoría. Cada lempira gastado en lujos innecesarios es un lempira menos invertido en mejorar la justicia, fortalecer la seguridad o brindar servicios a la ciudadanía.

El caso se convierte en un símbolo del divorcio entre la élite judicial y la realidad del pueblo hondureño, que exige instituciones responsables y comprometidas con el bien común.

 

 

 

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