DIPUTADO OFICIALISTA HABLA DE “VIDEOS COMPROMETEDORES”, PERO CALLA SOBRE EL ESCÁNDALO DE CARLÓN ZELAYA Y LA IMPUNIDAD DEL OFICIALISMO
Samuel Madrid advierte que existen más de 10 videos que incriminarían a políticos, pero omite el caso más evidente: el hermano del expresidente Manuel Zelaya recibiendo dinero del narcotráfico, sin que el Ministerio Público actúe.
Mientras el oficialismo advierte sobre “nuevos videos”, sigue pendiente la investigación del caso Carlón Zelaya y la Fiscalía permanece cuestionada por falta de independencia.Tegucigalpa,
01 de agosto de 2025. El diputado Samuel Madrid, voz del oficialismo
en el Congreso, lanzó una advertencia: “faltan más de 10 videos” que
comprometerían a figuras políticas. El mensaje, en apariencia preventivo,
funciona más como cortina de humo: un recurso para alimentar sospechas
sobre la oposición mientras se encubre el expediente que más incomoda a
Libre.
El país
recuerda —porque la hemeroteca no olvida— el video difundido por Univision
Investiga y InSight Crime en el que Carlos “Carlón” Zelaya,
hermano del expresidente Manuel Zelaya, aparece aceptando una contribución
de 650,000 dólares de Devis Leonel Rivera, de la banda de Los
Cachiros. Hasta el momento, no hay imputaciones firmes ni una
investigación creíble que se sostenga ante la opinión pública. Esa
parálisis no es casualidad: distintos sectores han señalado que el Ministerio
Público opera bajo el control del oficialismo, garantizando impunidad
selectiva para los cercanos al poder.
“Si el discurso es contra la corrupción, el primer paso es investigar con la misma vara al círculo del gobierno”, coinciden analistas de sociedad civil que han seguido el caso.
Mientras
Madrid habla de “videos por venir”, la justicia no llega para los videos
que ya existen. Esta doble moral es la marca de la actual administración: se
usan acusaciones mediáticas para golpear a liberales y nacionalistas, al
tiempo que se bloquea cualquier intento de escrutinio cuando los
señalamientos tocan al familión y al partido de gobierno. Sin una Fiscalía
independiente, el combate al narcotráfico se queda en pirotecnia
política, no en resultados.
El deterioro
institucional tiene efectos reales: testigos y periodistas intimidados, expedientes
congelados y fianzas políticas que blindan a los cercanos. La
narrativa oficial habla de “depuración” y “mano dura”, pero la práctica es
otra: proteger a los propios y judicializar a los adversarios. La
ciudadanía lo entiende con claridad: sin controles externos, peritajes
serios y plazos procesales públicos, la lucha anticorrupción es solo
propaganda.
“Videos sin procesos son humo; expedientes con independencia son justicia”, resume un abogado penalista consultado.
El país
necesita hechos, no advertencias. Abrir el caso Carlón Zelaya con rigurosidad
técnica, debido proceso y observación internacional sería el
mensaje correcto. Seguir agitando amenazas vagas mientras la Fiscalía mira a
otro lado solo profundiza la desconfianza y confirma lo que el pueblo ya
sabe: este gobierno habla de combatir la corrupción y el narco, pero se
atora cuando la evidencia roza su propio entorno.
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