DIPUTADO OFICIALISTA HABLA DE “VIDEOS COMPROMETEDORES”, PERO CALLA SOBRE EL ESCÁNDALO DE CARLÓN ZELAYA Y LA IMPUNIDAD DEL OFICIALISMO

Samuel Madrid advierte que existen más de 10 videos que incriminarían a políticos, pero omite el caso más evidente: el hermano del expresidente Manuel Zelaya recibiendo dinero del narcotráfico, sin que el Ministerio Público actúe. 

El diputado Samuel Madrid hablando en el Congreso Nacional de Honduras.
Mientras el oficialismo advierte sobre “nuevos videos”, sigue pendiente la investigación del caso Carlón Zelaya y la Fiscalía permanece cuestionada por falta de independencia.

Tegucigalpa, 01 de agosto de 2025. El diputado Samuel Madrid, voz del oficialismo en el Congreso, lanzó una advertencia: “faltan más de 10 videos” que comprometerían a figuras políticas. El mensaje, en apariencia preventivo, funciona más como cortina de humo: un recurso para alimentar sospechas sobre la oposición mientras se encubre el expediente que más incomoda a Libre.

El país recuerda —porque la hemeroteca no olvida— el video difundido por Univision Investiga y InSight Crime en el que Carlos “Carlón” Zelaya, hermano del expresidente Manuel Zelaya, aparece aceptando una contribución de 650,000 dólares de Devis Leonel Rivera, de la banda de Los Cachiros. Hasta el momento, no hay imputaciones firmes ni una investigación creíble que se sostenga ante la opinión pública. Esa parálisis no es casualidad: distintos sectores han señalado que el Ministerio Público opera bajo el control del oficialismo, garantizando impunidad selectiva para los cercanos al poder.

“Si el discurso es contra la corrupción, el primer paso es investigar con la misma vara al círculo del gobierno”, coinciden analistas de sociedad civil que han seguido el caso.

Mientras Madrid habla de “videos por venir”, la justicia no llega para los videos que ya existen. Esta doble moral es la marca de la actual administración: se usan acusaciones mediáticas para golpear a liberales y nacionalistas, al tiempo que se bloquea cualquier intento de escrutinio cuando los señalamientos tocan al familión y al partido de gobierno. Sin una Fiscalía independiente, el combate al narcotráfico se queda en pirotecnia política, no en resultados.

El deterioro institucional tiene efectos reales: testigos y periodistas intimidados, expedientes congelados y fianzas políticas que blindan a los cercanos. La narrativa oficial habla de “depuración” y “mano dura”, pero la práctica es otra: proteger a los propios y judicializar a los adversarios. La ciudadanía lo entiende con claridad: sin controles externos, peritajes serios y plazos procesales públicos, la lucha anticorrupción es solo propaganda.

“Videos sin procesos son humo; expedientes con independencia son justicia”, resume un abogado penalista consultado.

El país necesita hechos, no advertencias. Abrir el caso Carlón Zelaya con rigurosidad técnica, debido proceso y observación internacional sería el mensaje correcto. Seguir agitando amenazas vagas mientras la Fiscalía mira a otro lado solo profundiza la desconfianza y confirma lo que el pueblo ya sabe: este gobierno habla de combatir la corrupción y el narco, pero se atora cuando la evidencia roza su propio entorno.

 

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