FRAUDE Y LAVADO EN LA TASA DE SEGURIDAD: DETENCIÓN JUDICIAL CONTRA MAYORGA CASTILLO
La justicia ordenó prisión preventiva a Mayorga Castillo, acusada de fraude y lavado de activos vinculados a la cuestionada Tasa de Seguridad, un mecanismo que por más de una década drenó miles de millones de lempiras bajo la excusa de combatir la violencia en Honduras.
La detención judicial contra Mayorga Castillo revive
los cuestionamientos a la Tasa de Seguridad, un fideicomiso que manejó miles de
millones de lempiras con mínima transparencia y abundantes denuncias de
corrupción.
El Poder
Judicial confirmó este lunes la detención judicial de Mayorga Castillo,
acusada por los delitos de fraude y lavado de activos en el manejo de la Tasa
de Seguridad Poblacional, uno de los fondos más opacos y cuestionados en la
historia reciente del país. La audiencia inicial fue programada para el próximo
jueves 21 de agosto a las 9:00 de la mañana, mientras la imputada
permanecerá recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación
Social, en Támara.
Un fondo
marcado por la corrupción
La llamada “Tasa
de Seguridad”, presentada en su momento como la solución para enfrentar la
criminalidad y fortalecer a las fuerzas de seguridad, se convirtió en una caja
negra que manejó más de 25,000 millones de lempiras sin mecanismos
efectivos de control ni rendición de cuentas.
Bajo el argumento de “blindar al país contra el crimen organizado”, este
fideicomiso administrado por banca privada fue utilizado por políticos y
empresarios vinculados al poder para enriquecerse ilícitamente.
La
responsabilidad del Estado
El caso contra
Mayorga Castillo vuelve a poner sobre la mesa las responsabilidades del Estado
en permitir un esquema de recaudación paralela que drenó recursos directos de
la ciudadanía, pues la Tasa de Seguridad gravaba transacciones bancarias,
impuestos y hasta servicios básicos. Pese a las múltiples denuncias de
irregularidades y el señalamiento de organismos internacionales, las
autoridades mantuvieron durante años el mecanismo como un “pilar de seguridad
nacional”.
Una justicia
puesta a prueba
La detención
de Mayorga Castillo representa una oportunidad para que el sistema de justicia
demuestre independencia y compromiso real contra la corrupción. Sin embargo, la
experiencia reciente en casos de alto impacto genera dudas sobre hasta dónde
llegarán las investigaciones y si realmente se desmantelarán las redes que
lucraron con el dinero de los hondureños.
El reto no es únicamente procesar a una persona, sino evidenciar la estructura
de corrupción que convirtió a la Tasa de Seguridad en sinónimo de
impunidad.
El trasfondo
político
Este nuevo
golpe judicial ocurre en un ambiente de creciente desconfianza hacia las
instituciones, donde la ciudadanía asocia la Tasa de Seguridad con la
corrupción del viejo régimen. La incapacidad del actual gobierno para desmontar
de raíz esos esquemas profundiza el desencanto social y alimenta la percepción
de que en Honduras los grandes corruptos nunca pagan.
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