FRAUDE Y LAVADO EN LA TASA DE SEGURIDAD: DETENCIÓN JUDICIAL CONTRA MAYORGA CASTILLO

La justicia ordenó prisión preventiva a Mayorga Castillo, acusada de fraude y lavado de activos vinculados a la cuestionada Tasa de Seguridad, un mecanismo que por más de una década drenó miles de millones de lempiras bajo la excusa de combatir la violencia en Honduras.

Logo de la Tasa de Seguridad Poblacional junto a billetes de lempiras, simbolizando los fondos desviados.

La detención judicial contra Mayorga Castillo revive los cuestionamientos a la Tasa de Seguridad, un fideicomiso que manejó miles de millones de lempiras con mínima transparencia y abundantes denuncias de corrupción.


El Poder Judicial confirmó este lunes la detención judicial de Mayorga Castillo, acusada por los delitos de fraude y lavado de activos en el manejo de la Tasa de Seguridad Poblacional, uno de los fondos más opacos y cuestionados en la historia reciente del país. La audiencia inicial fue programada para el próximo jueves 21 de agosto a las 9:00 de la mañana, mientras la imputada permanecerá recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, en Támara.

Un fondo marcado por la corrupción

La llamada “Tasa de Seguridad”, presentada en su momento como la solución para enfrentar la criminalidad y fortalecer a las fuerzas de seguridad, se convirtió en una caja negra que manejó más de 25,000 millones de lempiras sin mecanismos efectivos de control ni rendición de cuentas.
Bajo el argumento de “blindar al país contra el crimen organizado”, este fideicomiso administrado por banca privada fue utilizado por políticos y empresarios vinculados al poder para enriquecerse ilícitamente.

La responsabilidad del Estado

El caso contra Mayorga Castillo vuelve a poner sobre la mesa las responsabilidades del Estado en permitir un esquema de recaudación paralela que drenó recursos directos de la ciudadanía, pues la Tasa de Seguridad gravaba transacciones bancarias, impuestos y hasta servicios básicos. Pese a las múltiples denuncias de irregularidades y el señalamiento de organismos internacionales, las autoridades mantuvieron durante años el mecanismo como un “pilar de seguridad nacional”.

Una justicia puesta a prueba

La detención de Mayorga Castillo representa una oportunidad para que el sistema de justicia demuestre independencia y compromiso real contra la corrupción. Sin embargo, la experiencia reciente en casos de alto impacto genera dudas sobre hasta dónde llegarán las investigaciones y si realmente se desmantelarán las redes que lucraron con el dinero de los hondureños.
El reto no es únicamente procesar a una persona, sino evidenciar la estructura de corrupción que convirtió a la Tasa de Seguridad en sinónimo de impunidad.

El trasfondo político

Este nuevo golpe judicial ocurre en un ambiente de creciente desconfianza hacia las instituciones, donde la ciudadanía asocia la Tasa de Seguridad con la corrupción del viejo régimen. La incapacidad del actual gobierno para desmontar de raíz esos esquemas profundiza el desencanto social y alimenta la percepción de que en Honduras los grandes corruptos nunca pagan.

 

 

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