HONDURAS, EL AEROPUERTO DEL NARCO QUE SEDUJO A LOS CAPOS COLOMBIANOS

La Mosquitia, Colón y Gracias a Dios siguen siendo corredores del narcotráfico. Ni el Partido Nacional en 12 años de gobierno ni el oficialismo de LIBRE han logrado frenar el país convertido en una pista clandestina para los carteles.

Desde los 2000, Honduras se consolidó como escala clave para el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia México y EE.UU.

Desde inicios de la década del 2000, Honduras pasó de ser un país de tránsito ocasional a convertirse en un verdadero aeropuerto del narcotráfico internacional. El dato más contundente llegó en 2010: de cada 100 vuelos cargados con cocaína que partían de Sudamérica, 79 hacían escala en territorio hondureño antes de dirigirse hacia México, según informes de agencias estadounidenses.

Ese porcentaje reveló con claridad que el país no solo se había convertido en punto estratégico, sino en un eslabón indispensable dentro del engranaje del crimen organizado regional.

La geografía, la corrupción y la debilidad del Estado

La ubicación de Honduras, su frágil control fronterizo y la corrupción enquistada en sectores claves de seguridad, justicia y política crearon el escenario perfecto para el negocio ilícito.

Regiones como La Mosquitia, Colón, Gracias a Dios y Roatán se convirtieron en pistas abiertas para el aterrizaje de avionetas cargadas con cocaína proveniente de Colombia. Allí, los clanes colombianos encontraron tierra fértil para tejer alianzas con estructuras locales y consolidar corredores que, a pesar de múltiples discursos y “planes de combate al narco”, siguen vigentes hasta hoy.

El legado del Partido Nacional y la complicidad política

Durante los 12 años de gobierno del Partido Nacional (2010–2022), Honduras alcanzó notoriedad mundial como “narco-Estado”, término que no surgió por casualidad. Testimonios en tribunales de Nueva York señalaron directamente a figuras de alto nivel, incluyendo al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Estados Unidos en 2024.

Lejos de combatir el crimen organizado, el Estado hondureño fue cooptado por él: Se usaron instituciones de seguridad como protectoras de cargamentos de droga, Políticos y empresarios participaron en redes de lavado de dinero, y, por si fuera poco, se instaló un pacto de impunidad que blindó a las élites mientras el pueblo pagaba con violencia y pobreza.

LIBRE: promesas de cambio que se hunden en la realidad

Con la llegada de LIBRE al poder en 2022, la esperanza era clara: romper con la herencia del Partido Nacional y desmontar el narco-Estado. La presidenta Xiomara Castro prometió refundar el país, acabar con la corrupción y recuperar la soberanía frente al crimen organizado.

Sin embargo, tres años después, el panorama es aún más preocupante: Los corredores de droga siguen activos, la presencia de avionetas cargadas con cocaína no ha disminuido, el control territorial en zonas rurales continúa en manos de estructuras criminales y las instituciones estatales permanecen debilitadas y permeadas por la corrupción.

El narco video de Carlos Zelaya: otra herida abierta

Como si no bastara con la herencia del Partido Nacional, el actual oficialismo de LIBRE también carga con graves señalamientos de vínculos con el narcotráfico.

Uno de los casos más escandalosos es el narco video en el que aparece Carlos Zelaya, hermano de Manuel “Mel” Zelaya —coordinador general de LIBRE y expresidente de Honduras— y cuñado de la presidenta Xiomara Castro y, quien hasta entonces era diputado y secretario del Congreso Nacional.

En la grabación, Carlos Zelaya sostiene reuniones con líderes del cartel de Los Cachiros, y en un momento afirma que de la mitad del dinero recibido por ellos, “la mitad sería para el comandante”, en clara referencia a Manuel Zelaya.

Hasta la fecha, el Ministerio Público no ha actuado ni iniciado procesos legales contra Carlos Zelaya, a pesar de que las pruebas audiovisuales son contundentes y ampliamente conocidas. El silencio institucional y la falta de investigación confirman lo que el pueblo ya sospecha: el pacto de impunidad sigue vivo, ahora con otros rostros y colores políticos.

En vez de un cambio profundo, el pueblo percibe un agravamiento de la crisis, donde las promesas de refundación quedaron en discursos, y el crimen organizado sigue imponiendo su ley en regiones completas del país.

Un país hipotecado al narco

El impacto de esta realidad no es solo internacional, sino también interno: la violencia ligada al narcotráfico, el reclutamiento de jóvenes en comunidades rurales y urbanas, y la estigmatización de Honduras como país inseguro cierran las puertas a la inversión extranjera, limitan el turismo y empujan a más ciudadanos hacia la migración forzada.

Análisis de EL PUEBLO

Honduras sigue siendo un aeropuerto del narco, no por su geografía, sino por su clase política. La complicidad de los gobiernos del Partido Nacional cimentó un narco-Estado que aún pesa sobre la nación, y la incapacidad de LIBRE para desmontarlo —sumada a los escándalos de su propia dirigencia— solo confirma que el cambio prometido nunca llegó.

Mientras tanto, el pueblo hondureño sigue atrapado entre la violencia, la pobreza y la vergüenza internacional de cargar con el sello de “país del narcotráfico”.

La verdadera soberanía solo será posible cuando se rompa el pacto de impunidad y se devuelva el poder al pueblo, no a las mafias.

 

 

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