TPS PARA HONDUREÑOS LLEGA A SU FIN EL 8 DE SEPTIEMBRE: 60,000 EN RIESGO DE DEPORTACIÓN

El fin del estatus migratorio pone en jaque a miles de familias y revela el abandono del Estado hondureño hacia sus migrantes.

Hondureños en Estados Unidos exigen la extensión del TPS, un estatus migratorio que llega a su fin el próximo 8 de septiembre tras más de dos décadas de vigencia.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco, California, confirmó este miércoles la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) que ampara a unos 60,000 hondureños, además de miles de nicaragüenses y nepalíes. Con esta decisión, el programa expirará el próximo 8 de septiembre, dejando a menos de un mes de vigencia el que durante más de dos décadas fue un salvavidas para miles de familias migrantes.

El fallo, emitido por un panel de tres jueces, representa un golpe definitivo a las aspiraciones de los connacionales que habían depositado sus esperanzas en la justicia estadounidense para extender el amparo. El TPS, otorgado tras los estragos causados por el huracán Mitch en 1998, se convirtió en la única garantía de legalidad y estabilidad para decenas de miles de hondureños que construyeron su vida en Estados Unidos, formaron familias y aportaron a la economía de ese país.

La cancelación significa que, de no surgir una salida política en el Congreso o una nueva medida administrativa, los beneficiarios quedarán expuestos a la deportación, a la pérdida de empleos formales y a la ruptura de sus hogares. El temor se multiplica entre los migrantes que han vivido más de 20 años bajo este estatus, con hijos que son ciudadanos estadounidenses y que ahora enfrentan la incertidumbre de un futuro incierto.

ero más allá de las cifras, la decisión evidencia el abandono del Estado hondureño hacia sus migrantes, quienes desde hace décadas se han convertido en el principal sostén económico del país a través de las remesas. El silencio oficial y la falta de una estrategia diplomática efectiva contrastan con la urgencia de quienes ven desaparecer, día a día, su única cobertura legal.

Mientras los jueces en San Francisco cierran el camino judicial, en Honduras las familias de los beneficiarios viven la angustia de una decisión que amenaza con cortar el vínculo más sólido que sostiene la economía nacional: los envíos de dinero desde el extranjero.

El fin del TPS no solo es un asunto migratorio: es un recordatorio de la fragilidad con la que se ha manejado la política exterior hondureña y del costo humano que pagan miles de compatriotas que, en busca de sobrevivir, han terminado rehaciendo su vida lejos de casa.

 

 

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