ESTATUS DE PROTECCIÓN TEMPORAL EXPIRA: MILES DE HONDUREÑOS QUEDARÁN VULNERABLES EN EE. UU.

Mientras la justicia federal concede una prórroga parcial, el gobierno hondureño y la oposición exigen un canal humanitario real, no migajas legales.

Una pancarta es sostenida por un migrante hondureño durante una marcha en Estados Unidos, en demanda de la extensión del Estatus de Protección Temporal.

Este lunes expira—o debería expirar—el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en EE. UU. vigente desde 1999, lo que deja a decenas de miles en medio de una grave crisis migratoria, con empleo, seguro médico y protección legal en suspenso.

¿Por qué termina ahora?

La Secretaría de Seguridad Nacional de EE. UU., liderada por Kristi Noem, determinó que las condiciones en Honduras “ya no justifican” la extensión del TPS, aludiendo a la recuperación tras el huracán Mitch. El DHS incluso anunció incentivos para una salida voluntaria: mil dólares y boleto de avión para quienes decidan regresar.

Suspensión parcial: un respiro legal

Sin embargo, una jueza federal, Trina Thompson, emitió un fallo que evita temporalmente la vigencia del fin del TPS, extendiendo la protección hasta al menos el 18 de noviembre de 2025. No obstante, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito revocó dicha extensión, permitiendo que EE. UU. proceda con la terminación inmediata.

Voces desde Honduras

La presidenta Xiomara Castro celebró el fallo judicial inicial y manifestó la disposición de su gobierno para brindar asistencia consular y apoyo legal a los ciudadanos afectados.

Por otro lado, sectores liberales, al alero de EL PUEBLO, cuestionan que la respuesta oficial se limite a “gestiones diplomáticas” cuando se requieren instrumentos migratorios más sólidos. La oposición exige al gobierno hondureño reclamar una solución legislativa a EE. UU., como visas especiales o estatus complementarios dignos, en lugar de depender de prórrogas judiciales frágiles.

El drama humano

Durante el foro televisivo 30/30, beneficiarios del TPS compartieron la angustia que viven ante la posible cancelación del programa. Entre ellos, Cristóbal Meza, sobreviviente de cáncer en Fort Lauderdale, advirtió con crudeza: “Perdiendo el TPS, pierdo todo... vuelvo a Honduras solo a morirme”, al referirse a la falta de medicamentos y de seguro médico en el país. Su testimonio pone en evidencia la profunda crisis del sistema de salud en Honduras y las enormes dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a una atención médica digna, oportuna y eficiente.

Por su parte, Manuel Vélez, también sobreviviente de cáncer en Houston, Texas, relató que recientemente fue despedido a través de un mensaje y confesó su temor por el futuro de sus hijos. Germán Tercero, un hombre de 68 años residente en Florida, lamentó que en Honduras “no hay trabajo ni seguridad” y se cuestiona con crudeza: “¿Quién me va a emplear a mi edad?”. Sus palabras reflejan la incertidumbre y desesperanza de millones de hondureños que denuncian a diario la inseguridad y la falta de oportunidades que marcan su vida cotidiana.

Lo anterior, solo deja claro una sola cosa, la expiración del TPS no es solo una medida administrativa: es una decisión política que expone a personas que han contribuido laboralmente al país por décadas, muchos con familia formal en EE. UU. No basta con fondos de vuelo o respiros judiciales.

Honduras merece una política migratoria solidaria: visas humanitarias, programas de residencia especial o acuerdos bilaterales de protección, no oportunidades que dependen del vaivén de apelaciones legales. Esto es un asunto de justicia y de humanidad.

 

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