HASTA 70 MILLONES PODRÁ GASTAR UN ASPIRANTE A LA ALCALDÍA DEL DISTRITO CENTRAL

Desde menos de un millón en alcaldías pequeñas hasta cifras millonarias en ciudades principales, los topes buscan equilibrar la competencia política.

El crecimiento de las remesas impulsa la liquidez bancaria en Honduras, facilitando mayor acceso al crédito y tasas de interés más bajas.

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) del Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los techos de gastos permitidos para los candidatos que participan en la campaña rumbo a las elecciones generales del 30 de noviembre.

El comisionado de la UFTF, Emilio Hércules, explicó que los límites varían de acuerdo con el cargo de elección popular y la carga electoral de cada municipio o departamento.

“Un candidato a diputado por Francisco Morazán tiene un techo de 4.3 millones de lempiras, mientras que, en un departamento con menor carga, como Valle, el límite es de 2.8 millones”, ejemplificó.

Alcaldías con contrastes

Uno de los datos más llamativos es el contraste entre los municipios pequeños y las grandes ciudades. Por ejemplo, en Yamaranguila, Intibucá, un candidato a alcalde solo puede invertir hasta 900 mil lempiras. En cambio, en la alcaldía del Distrito Central, que concentra la mayor carga electoral del país, el gasto permitido asciende hasta los 70 millones de lempiras.

Control y fiscalización en campaña

Los topes de gasto forman parte del mecanismo de fiscalización diseñado por el CNE para garantizar transparencia y equidad en la contienda electoral. La UFTF tiene la responsabilidad de vigilar que los partidos y candidatos no sobrepasen los límites establecidos y reporten con claridad el origen y destino de los fondos.

Organizaciones de la sociedad civil han señalado que, aunque los techos representan un avance, el verdadero reto es asegurar que exista fiscalización real y sanciones efectivas contra quienes incumplan las reglas, en un país donde históricamente el financiamiento político ha estado vinculado a recursos ilícitos y a la falta de control institucional.

 

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