¡INDIGNANTE! PRESIDENTA DE LA CSJ ASEGURA QUE NO HAY PERSECUCIÓN POLÍTICA, PERO DEJA IMPUNE CASOS DE SEDESOL Y EL NARCOVIDEO DE CARLÓN

La presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Ráquel Obando, asegura que el Poder Judicial no responde a partidos, mientras Johel Zelaya limita sus declaraciones y posterga acciones sobre los escándalos que salpican al oficialismo.

La presidenta Rebeca R. Obando habla de independencia, pero sus acciones delatan selectividad y complicidad con el oficialismo.

La justicia en Honduras dejó de ser un poder del Estado para convertirse en una sucursal del “familión”. Así lo percibe hoy la ciudadanía cuando observa cómo la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, y el Fiscal General, Johel Zelaya, cierran filas ante los escándalos que salpican al oficialismo, mientras descargan todo el peso institucional contra los opositores.

Obando declaró recientemente que la Corte no responde a ningún partido político, palabras que suenan huecas frente a una realidad inocultable: el Ministerio Público y la CSJ han guardado un silencio cómplice en casos como el narcovideo de Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta y hermano de Manuel Zelaya, donde se señala que dinero del narcotráfico financió la campaña de Xiomara Castro en la campaña del 2013. A pesar de que este video ha sido validado y señalado incluso en informes internacionales, el caso permanece engavetado sin avances, sin citaciones y sin imputaciones.

Lo mismo ocurre con el escándalo de SEDESOL, donde se denunció el desvío de cientos de millones de lempiras a través de funcionarios vinculados al oficialismo, entre ellos José Carlos Cardona e Isis Cuéllar. Denuncias fueron presentadas por la sociedad civil y el Tribunal Superior de Cuentas ya abrió investigaciones, pero Johel Zelaya se limita a declarar que las pesquisas “están en curso”, sin resultados tangibles y sin dar la cara ante la magnitud del saqueo.

Mientras tanto, los casos que involucran a la oposición avanzan a paso acelerado. El Ministerio Público organizó conferencias de prensa, filtró requerimientos y actuó con premura contra el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, y su familia, en un claro ejemplo de justicia selectiva. La ciudadanía ve con indignación este doble rasero: cuando se trata de amigos del poder, hay silencio y retrasos; cuando se trata de adversarios políticos, hay rapidez y persecución.

El contraste es evidente. Carlon Zelaya aparece en un video con narcotraficantes: silencio del Ministerio Público. Cardona y Cuéllar manejaron fondos de SEDESOL con fines cuestionables: silencio del Ministerio Público. Dirigentes de LIBRE fueron señalados en diversas instituciones: silencio del Ministerio Público. Pero contra Roberto Contreras y su yerno Steve Fajardo, la Fiscalía actuó con una velocidad digna de un país modelo, solo que en Honduras esa celeridad está reservada para castigar opositores.

En este escenario, los discursos de independencia y transparencia que repiten Obando y Zelaya se derrumban solos. Porque una justicia que calla ante la corrupción del poder y se ensaña con los críticos no es justicia, es persecución política. Honduras no necesita guardianes del familión, necesita guardianes de la ley. Y hoy, ni la Corte Suprema ni la Fiscalía lo están siendo.

 

 

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