JOHEL ZELAYA, EL FISCAL DE LA SELECTIVIDAD: PROTEGE AL “FAMILIÓN” Y PERSIGUE A LA OPOSICIÓN

El Ministerio Público ignora casos que salpican al círculo íntimo de la presidenta, mientras judicializa con rapidez a la familia del alcalde liberal de San Pedro Sula.

El alcalde Roberto Contreras denuncia persecución política, mientras la Fiscalía calla ante el narcovideo de Carlon Zelaya y el escándalo de SEDESOL.

La reciente ofensiva del Ministerio Público (MP) contra el yerno del alcalde Roberto Contreras confirma lo que la ciudadanía ya percibe: una justicia selectiva, servil al oficialismo e implacable con la oposición.

El requerimiento fiscal contra Steven Fajardo, acusado junto a otros funcionarios por un supuesto fraude de 45.5 millones de lempiras en la Alcaldía de San Pedro Sula, fue presentado con premura, acompañado de conferencias de prensa y titulares que golpean directamente la figura del edil sampedrano.

Pero mientras la Fiscalía se mueve con agilidad para atacar a Contreras, calla ante los mayores escándalos de corrupción que sacuden al actual gobierno.

Un año del narcovideo: Carlon Zelaya sigue intocable

Ha pasado un año desde que Univisión e Insight Crime difundieron el llamado “narcovideo”, donde se observa a Carlon Zelaya, exdiputado de LIBRE, hermano de Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, negociando con los narcotraficantes “Los Cachiros”. En la grabación, los criminales ofrecen miles de dólares para financiar la campaña de Libre en 2013.

El video, de alcance internacional, dejó en evidencia la penetración del narcotráfico en la política hondureña. Sin embargo, hasta hoy no existe ningún requerimiento, ninguna acusación, ni siquiera una imputación contra Carlon Zelaya. Por el contrario, sigue vinculado a la administración pública y gozando de recursos estatales.

El escándalo de SEDESOL: clientelismo con fondos públicos

Otro ejemplo es el caso SEDESOL, que estalló en junio de este año cuando se filtró un audio entre la diputada de LIBRE, Isis Cuéllar, y el entonces ministro José Cardona, revelando el uso irregular de fondos públicos para fines partidarios.

El escándalo fue de tal magnitud que Cardona se vio obligado a renunciar y el propio partido Libre suspendió a Cuéllar de su cargo. Se descubrió además que al menos 80 diputados gestionaron cerca de 235 millones de lempiras en becas, infraestructura y seguridad alimentaria con fondos de SEDESOL, utilizados con claros fines de clientelismo político.

El Fiscal General, Johel Zelaya, anunció en aquel momento una investigación de oficio y hasta ordenó la intervención de las oficinas de SEDESOL. Más de dos meses después, el caso duerme en el olvido, sin requerimientos fiscales, sin avances, sin responsables.

El patrón no deja lugar a dudas. La justicia hondureña dejó de ser ciega para convertirse en un arma de persecución selectiva, siguiendo el mismo guión de los regímenes autoritarios de Cuba y Venezuela: callar a los críticos, blindar a los aliados.

Frente a este escenario, el Partido Liberal ha cerrado filas en defensa de Roberto Contreras, alcalde sampedrano y presidente del Consejo Central Ejecutivo. La militancia liberal denuncia que este ataque busca desestabilizar al partido y golpear a un líder que no se doblega ante las presiones de Libre.

 

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