A 25 MILLONES CRECE LA RECOMPENZA POR LA CABEZA DE VÁSQUEZ

La recompensa crece, la “inteligencia” del oficialismo se encoge.

El general Romeo Vásquez Velásquez figura como el más buscado del país; la Policía elevó la recompensa a 25 millones de lempiras en un intento por localizarlo.

La Policía Nacional de Honduras elevó a 25 millones de lempiras la recompensa por información que conduzca a la captura del general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, quien encabeza la lista de los “10 más buscados” del país. Este monto representa un salto sin precedentes desde los 500,000 lempiras que se ofrecían en marzo, y refleja la creciente frustración institucional frente a su prolongada impunidad.

Escalada de la recompensa

El incremento ha sido vertiginoso: 1 millón en abril, 2 millones en mayo, 3, 3.5, 5 en agosto, 10 el 18 de agosto, 15 el 31 de agosto, y finalmente 25 millones este septiembre. El caso ha adquirido un carácter emblemático por su contexto político y judicial.

Cargos y evasión judicial

Vásquez está acusado por el Ministerio Público de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo y lesiones graves contra Alex Roberto Zavala durante la represión en las protestas post-golpe de Estado de 2009. También enfrenta cargos por lavado de activos vinculado al cartel de los Cachiros.

Un informe forense documentó que se recogieron 169 casquillos, y la Fiscalía presentó 14 pruebas en su contra. Sin embargo, uno de los protocolos fue extraviado, lo que ha dilatado el proceso. Además, la Comisión de la Verdad y Reconciliación lo responsabilizó como parte del Estado Mayor Conjunto en los abusos cometidos en ese contexto.

Formación militar y resistencia al arresto

Vásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto (2005–2009), cuenta con amplia formación militar y experiencia estratégica, lo que le ha permitido evadir los operativos. En videos difundidos desde zonas montañosas, llega incluso a incitar a la insurrección ante un supuesto fraude electoral.

Crítica política

Este caso es emblemático de la impunidad estructural: cada aumento en la recompensa es una confesión silenciosa del fracaso institucional para aplicar justicia. No basta con dinero; se necesitan fuerzas investigativas autónomas, transparencia en el MP y voluntad política real. El mensaje debe ser claro: ni uniformes ni fugas ni montañas pueden colocar a un ciudadano por encima de la ley.

 

 

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