MATRIMONIO INFANTIL FORZADO AFECTA A UNA DE CADA TRES NIÑAS EN HONDURAS, ADVIERTE DELEGADA PRESIDENCIAL

Delegada presidencial advierte que la pobreza estructural y la falta de oportunidades son los principales factores detrás de esta práctica.

Mano de un hombre colocando un anillo en la mano de una niña, simbolizando el matrimonio infantil forzado en Honduras.
En Honduras, una de cada tres niñas menores de 18 años ha sido víctima de matrimonio o unión forzada, según el programa Ciudad Mujer.

Honduras enfrenta un grave problema social: el 34% de las niñas y adolescentes menores de 18 años han contraído matrimonio o viven en unión libre de manera forzada, de acuerdo con datos revelados por Daniela Lara, delegada presidencial del programa Ciudad Mujer.

La funcionaria alertó que esta práctica representa un retroceso en materia de derechos humanos y expone a las menores a situaciones de violencia, abandono escolar, embarazos precoces y afectaciones graves en su salud física y mental.

Pobreza y desigualdad, factores determinantes

Lara señaló que la pobreza estructural y la desigualdad social son los principales factores que perpetúan esta problemática.

“Es una sociedad desigual e inequitativa donde no hay suficientes oportunidades de trabajo y vivienda digna. Las niñas y adolescentes se convierten en una mercancía muchas veces para resolver el problema económico de las familias”, denunció en una entrevista para HRN.

Especialistas coinciden en que estas uniones limitan las oportunidades educativas y laborales de las niñas, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión que afecta a comunidades enteras.

Un desafío para el Estado

Organismos internacionales como UNICEF y ONU Mujeres han reiterado que el matrimonio infantil forzado constituye una violación a los derechos humanos y han instado al Estado hondureño a reforzar políticas públicas que prevengan esta práctica.

Desde Ciudad Mujer se impulsa una agenda de sensibilización y apoyo a comunidades vulnerables, aunque la magnitud del problema requiere una respuesta integral que involucre al sistema educativo, de salud y judicial, además de un compromiso firme de la sociedad civil.

 

 

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