SCHERLY ARRIAGA Y LOS L28 MILLONES EN FONDOS PÚBLICOS UTILIZADOS PARA HACER SU CAMPAÑA DE REELECCIÓN

Mientras la diputada de LIBRE señala al Partido Liberal por supuesta corrupción, Scherly Arriaga enfrenta señalamientos creíbles sobre administración poco clara de recursos sociales para su beneficio.

Existe un listado filtrado que muestra monto de L28,105,148.12 lempiras gestionado por la diputada Scherly Arriaga entre SEDESOL, FHIS y subvenciones.

La sombra de la corrupción continúa sacudiendo al oficialismo. Documentos oficiales revelan que la diputada de LIBRE por la zona norte, Scherly Arriaga, recibió 28 millones 105 mil 148.12 lempiras provenientes de fondos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y otras subvenciones del Estado.

La millonaria asignación despierta serias dudas en torno a su uso y destino final. Mientras el gobierno de Xiomara Castro proclama un supuesto “cambio” y asegura haber acabado con la corrupción de los regímenes pasados, los números apuntan en otra dirección: los mismos vicios de siempre, pero con nuevos beneficiarios.

En un país donde hospitales carecen de insumos, escuelas se caen a pedazos y los municipios claman por obras básicas, resulta escandaloso que se otorguen sumas millonarias sin un mecanismo transparente de fiscalización. La pregunta que muchos se hacen es clara: ¿dónde están las obras tangibles que justifiquen semejante monto?

El silencio del Ministerio Público, encabezado por Johel Zelaya, no pasa desapercibido. Mientras se desata toda la maquinaria judicial contra alcaldes incómodos al oficialismo, como Roberto Contreras en San Pedro Sula, las denuncias que tocan a figuras cercanas al “familión” permanecen engavetadas. El doble rasero de la justicia hondureña es cada vez más evidente: persecución para los críticos, impunidad para los aliados.

El caso de Scherly Arriaga se suma a la larga lista de escándalos que persiguen al oficialismo en apenas tres años de gobierno. Desde el narcovideo de Carlon Zelaya hasta el caso de corrupción en SEDESOL que involucra a José Cardona e Isis Cuéllar, la constante ha sido la misma: negar, justificar y archivar.

La ciudadanía tiene derecho a exigir respuestas. No se trata de rumores, sino de cifras oficiales que prueban que más de 28 millones de lempiras del dinero del pueblo fueron canalizados hacia una diputada que hoy debe dar cuentas claras al país.

En vez de discursos de persecución política, lo que Honduras necesita es un sistema judicial imparcial, que investigue tanto a los enemigos como a los amigos del poder. La corrupción no tiene color político, y el pueblo hondureño está cansado de que los millones desaparezcan mientras se les sigue pidiendo paciencia y sacrificio.

En el caso de Scherly Arriaga, las cuentas no cuadran. Y el pueblo merece la verdad.

 

 

 

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