EL VILLANO DE LA SEMANA: EL MINISTERIO PÚBLICO, TRASFORMADO EN TRAMITADOR DEL CONGRESO NACIONAL
En lugar de cumplir su mandato como garante de la legalidad y protector del interés público, el Ministerio Público (MP) se erige esta semana como el villano de la semana, tras ceder a presiones del Congreso Nacional de Honduras e iniciar una investigación altamente cuestionada contra el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) por el caso de la inscripción de Jorge Cálix.
El proceso, que se suponía debía ser técnico e independiente, mutó en un mecanismo con claros matices políticos. En lugar de actuar de oficio o con criterios jurídicos objetivos, el MP respondió con sorprendente rapidez a un requerimiento surgido desde la cúspide en el Congreso: la solicitud formal de remisión de expedientes al TJE.
Lo que ocurre es un juego de poder entre poderes del Estado. El TJE, ya cuestionado internamente, ahora se ve bajo presión. El MP, por su parte, parece no solo asistir, sino volverse instrumento de la legislatura. Para muchos analistas, esta maniobra demuestra que la institución dejó de actuar con autonomía.
En tanto, el contraste es explícito pues, mientras el MP acelera diligencias contra magistrados del TJE, permanece lento, casi ausente, cuando se trata de investigar casos de corrupción, crimen organizado y abuso de poder. Los ojos de la ciudadanía no encuentran consistencia, pues, la fiscalía se vuelve rápida con adversarios políticos y lenta con los que protegen intereses institucionales dormidos.
El precedente resulta alarmante. Si el Congreso puede usar al MP como su brazo ejecutor, la separación de poderes se debilita y el Estado de derecho se erosiona. Hoy es el TJE bajo la mira; mañana podría ser cualquier otra institución que no ceda ante la agenda del poder de turno.
El Ministerio Público tuvo la oportunidad de elegir otro camino que era el de actuar con prudencia, mesura y autonomía. Sin embargo, optó por el atajo de la complacencia política. En un país donde la independencia institucional es uno de los pilares más frágiles de la democracia, esa decisión tiene un precio elevado.
Por todo esto, el villano no es una persona en particular, sino una institución que traiciona su rol de árbitro imparcial. Al convertirse en tramitador del Congreso Nacional, el Ministerio Público pierde credibilidad ante la ciudadanía y confirma lo que muchos ya sospechaban: que la justicia en Honduras sigue teniendo dueño.
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