CUANDO EL PODER DEVORA LA INSTITUCIONALIDAD

 

Por: Etny Uyoa, Directora Ejecutiva Diario Digital El Pueblo

Honduras carga una herida histórica que aún no termina de cicatrizar. La crisis política de 2009 —cuando un presidente fue depuesto por las Fuerzas Armadas en medio de un debate sobre la Constitución y el rumbo del país— dejó lecciones que hoy deberían impedir la repetición de las mismas dinámicas de captura del Estado. Aquello fue un quiebre de la institucionalidad que la sociedad pagó caro y que nos obligó a valorar, por encima de todo, la independencia de las instituciones democráticas.

Sin embargo, más de una década después, asistimos con alarma a señales inquietantes de que el oficialismo no solo busca gobernar, sino controlar. No se trata de meras disputas políticas normales en una democracia plural; hablamos de maniobras que apuntan a transformar órganos constitucionalmente autónomos en apéndices partidarios. Cuando quienes deben garantizar equilibrio y transparencia —el Poder Legislativo, el Ministerio Público, el órgano electoral y el Tribunal de Justicia Electoral— son sometidos a presiones o a prácticas que minan su independencia, la democracia pierde sus defensas más elementales. Observadores internacionales y organizaciones de derechos humanos han advertido que hay motivos para temer por la integridad del proceso electoral y por la protección del voto ciudadano. Esa alerta no debe ser desestimada.

En los hechos recientes —y documentados en la prensa nacional— se acumulan episodios que, en su conjunto, dibujan un patrón preocupante. Desde la instrumentalización del Congreso Nacional mediante la figura de su directiva y la utilización de mayorías para empujar agendas de partido por encima del debate plural, hasta una crisis en procesos internos que dejó al descubierto fallas en las primarias del 9 de marzo de 2025, entre las cuales está la vida institucional  que está siendo sometida a tensiones que la debilitan. La ciudadanía merece respuestas claras y no simulacros de legalidad.

A esto se suma el uso político del aparato judicial y fiscal, percepción reforzada por recientes actuaciones en las que el Ministerio Público ha sido señalado como instrumento de persecución selectiva. Cuando el Ministerio Público comparte titulares con señalamientos políticos —en vez de ser una institución técnica y autónoma dedicada a la justicia—, se erosiona la credibilidad de todo el Estado. Peor aún, la difusión de audios y grabaciones explosivas en el ojo público, que hoy son objeto de controversia sobre su autenticidad, abre la posibilidad de que la información sea utilizada como arma política para neutralizar adversarios, distraer de otros casos y sembrar confusión en un momento estratégico del calendario electoral. La aparición de esos audios y la respuesta del aparato estatal a su difusión han generado reacciones y denuncias cruzadas que exigen una investigación técnica, imparcial y pública sobre su origen y veracidad.

La crisis alcanza también al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal de Justicia Electoral. Reportes sobre presuntas intervenciones indebidas, filtraciones y tensiones internas han generado un clima de desconfianza que compromete la transparencia de las elecciones del próximo 30 de noviembre. En una democracia sana, el órgano electoral debe ser una garantía para todos los ciudadanos —sin favoritismos ni sombras—; cualquier indicio de captura o de uso partidario del aparato electoral debe investigarse con rigor técnico y sancionarse conforme a la ley.

Finalmente, cabe recordar que estos riesgos no ocurren en el vacío. Existen antecedentes de escándalos que vinculan a ciertos entornos del poder con prácticas opacas, como lo han documentado medios internacionales; tales casos recuerdan la necesidad de una revisión profunda y de mecanismos externos de control que eviten la impunidad. La comparación con modelos autoritarios —conservada aquí como advertencia y no como truismo— surge porque la táctica de concentrar poder y neutralizar opositores, cuando se generaliza, conduce irremediablemente a regímenes donde la alternancia y el pluralismo desaparecen. No queremos para Honduras lo que han padecido otras naciones cuando la democracia fue secuestrada por el aparato del Estado.

Ante este escenario, hacemos un llamado claro y urgente: la defensa de la democracia no es neutra ni sectorial; es una obligación de toda la sociedad. Exigimos transparencia, investigaciones independientes y la garantía de que las instituciones funcionen sin injerencias partidarias. Si existen pruebas de delitos, que se presenten ante tribunales independientes; si hay audios, que se analicen con peritaje forense que determine su autenticidad; si hay funcionarios que actúan fuera de la ley, que respondan ante la justicia y no ante los micrófonos del poder.

El país está en una encrucijada. La elección del 30 de noviembre no es solo un combate entre candidaturas; es una decisión sobre el rumbo institucional que queremos para la Honduras del mañana. Los ciudadanos han demostrado históricamente su deseo de alternancia, de transparencia y de respeto por las libertades. Hoy más que nunca, esa voluntad debe ser respetada y protegida frente a cualquier intento de someter al Estado a intereses de grupo.

Creemos en el pluralismo, en el control mutuo de los poderes y en la posibilidad real de reformar y fortalecer las instituciones. Por eso, en este momento decisivo, defendemos con firmeza la opción de un cambio que restituya la credibilidad pública, la seguridad jurídica y la esperanza de progreso lo que se traduce en un proyecto político que termine con el viejo ciclo de capturas y privilegios y que vuelva a situar a la ciudadanía en el centro de la política. Honduras merece un nuevo amanecer de institucionalidad y libertad; la resistencia civil, el periodismo independiente y la fiscalización internacional deben ser aliados de esa causa.

La lección de 2009 fue dolorosa. No repitamos los errores del pasado. Protejamos la democracia, defendamos la autonomía de las instituciones y votemos por la Honduras que queremos —una Honduras donde la ley, la transparencia y la voluntad popular manden por encima de cualquier apetito por el poder.

Directora Ejecutiva Diario Digital El Pueblo.

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