LIDERAZGOS FRAGMENTADOS Y UNA IZQUIERDA SEDIENTA DE PODER: EL RIESGO PARA LA DEMOCRACIA EN HONDURAS

 

Por Ramón Custodio Espinoza

Para entender un poco lo que estamos viviendo, vamos a remontarnos a finales de la década de los 90, donde la oposición política en Venezuela previo a la llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 estaba fragmentada por la misma gente de Hugo Chávez, por lo que enfrentaron varios desafíos, facilitando el ascenso del chavismo y posteriormente la consolidación de su dictadura.

La oposición en Venezuela se dividió entre varios partidos y movimientos políticos, algunos arraigados en la tradición política de la socialdemocracia y otros en el neoliberalismo. Esta división dificultó la creación de una plataforma unificada que pudiera competir eficazmente en las elecciones.

Esto, sumado al descontento social, cansado de la corrupción y de las mismas políticas, de promesas de campaña incumplidas, que surgieron a finales de los 80 y principios de los 90, llevó a Venezuela a enfrentar una de las peores crisis económicas, un aumento de la pobreza y una creciente desigualdad social. El "Caracazo" de 1989, durante el cual se produjeron violentos disturbios sociales en respuesta a las medidas de austeridad, reflejó el profundo descontento popular con el sistema político establecido. Este contexto le dio a Chávez, un militar que se había revelado en 1992, una base de apoyo entre quienes se sentían marginados.

El problema de la corrupción aumentó la desconfianza en los partidos tradicionales. Los principales partidos políticos, como Acción Democrática y Copei, llevaban décadas en el poder y eran percibidos como corruptos e ineficaces para abordar los problemas del país. En resumen, "más de lo mismo". Esta insatisfacción con el establishment político creó un vacío que Chávez supo aprovechar presentándose como un outsider dispuesto a luchar contra la corrupción y las élites.

La estrategia de Chávez, respaldada por la escuela cubana, se centró en usar su carisma y sus habilidades comunicativas para conectar con las clases populares. Mediante un discurso de inclusión y justicia social, logró movilizar a sectores de la población que se sentían marginados. Su retórica antiimperialista y su crítica al neoliberalismo también resonaron en un país que había experimentado importantes cambios económicos y sociales.

Mientras la oposición, distraída por problemas internos en sus partidos políticos, libraba guerras injustificadas para demostrar quién tenía el poder dentro de sus corrientes, Chávez ganaba terreno cada día entre la población más vulnerable, proclamándose su salvador. Ante esta falta de respuesta eficaz por parte de la oposición, nunca lograron reaccionar de forma efectiva ante el inminente ascenso de Chávez. Mientras Chávez consolidaba su poder, la oposición fue incapaz de articular propuestas claras ni recuperar la confianza del electorado. Además, las elecciones de 1998 se celebraron en un clima de polarización, donde muchos votantes se sintieron atraídos por el mensaje populista de Chávez.

Una vez en el poder, Chávez implementó una serie de reformas que le permitieron consolidar su control, incluyendo la reestructuración de las instituciones estatales, el control de los medios de comunicación y la persecución de la disidencia política, eliminando a cualquiera que pudiera representar un peligro para sus objetivos de continuidad.

El ascenso de Hugo Chávez al poder en Venezuela y el establecimiento de su régimen autoritario se produjo en un contexto de debilidad y fragmentación de la oposición política, lo que facilitó el camino para que Chávez consolidara su poder y estableciera una dictadura.

El diseño del fraude y el control autoritario en Venezuela, particularmente bajo el régimen de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro, se construyó gradualmente a lo largo de los años a través de un conjunto de medidas políticas, sociales y económicas que consolidaron el poder del gobierno y fragmentaron a la oposición.

El proceso fue lento y el chavismo comenzó a tomar el control de instituciones clave del país, como el poder judicial, el sistema electoral y los medios de comunicación. Mediante reformas constitucionales y políticas, se modificaron las leyes para asegurar que las elecciones fueran supervisadas por entidades que no garantizaban una competencia justa.

El proceso de fraude y consolidación de la dictadura en Venezuela fue gradual, pero sistemático, utilizando reformas institucionales, la manipulación de los procesos electorales y la represión para asegurar el control del régimen. Por su parte, la oposición venezolana perdió el control debido a la fragmentación interna, la falta de un liderazgo claro y la represión que la debilitó tanto dentro como fuera del país. Esto resultó en la incapacidad de generar un cambio efectivo contra el régimen, y actualmente Venezuela continúa atravesando una grave crisis política, económica y social.

Como parte del proceso, su principal plan era desmantelar la oposición política. A medida que avanzaba su mandato, Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, consolidaron el control de las instituciones clave del país, como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y las Fuerzas Armadas. Estas instituciones fueron utilizadas para desmantelar la oposición política, llevar a cabo manipulaciones electorales y socavar las libertades políticas.

HONDURAS;

Es evidente que ciertas maniobras aplicadas en Venezuela por Hugo Chávez parecen replicarse en Honduras, casi como si fueran parte de un manual estratégico sacado de una librería. La situación hondureña es compleja, pero es innegable que, en los últimos años, hemos percibido patrones que evocan los métodos de control autoritario que distinguen al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Muchas de estas estrategias se están implementando en el país, lo que genera gran preocupación por el avance de un régimen autoritario y el deterioro de nuestras instituciones democráticas.

Si bien el sistema electoral hondureño ha gozado de mayor autonomía que el venezolano, últimamente hemos presenciado una serie de reformas y manipulaciones en las entidades responsables de supervisar las elecciones, como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Estos organismos han sido objeto de duras críticas por su parcialidad y opacidad, especialmente en los procesos electorales más recientes.

Uno de los aspectos más preocupantes ha sido el nombramiento de funcionarios leales al gobierno en instituciones fundamentales como el CNE y el TSE, lo que refleja la influencia de figuras políticas cercanas al poder ejecutivo. Al igual que en Venezuela, donde el régimen ha intentado asegurar que los responsables de las elecciones no sean completamente imparciales, en Honduras también vemos cómo el actual gobierno intenta que los resultados electorales lo favorezcan.

En las elecciones presidenciales de 2017, surgieron denuncias de fraude y numerosos opositores denunciaron la manipulación de los resultados. Si bien en Honduras no se ha logrado el control absoluto del CNE y el TSE como en Venezuela, los problemas de transparencia han fomentado la desconfianza ciudadana hacia las instituciones electorales.

Uno de los pilares del autoritarismo en Venezuela ha sido la estrategia del régimen para desacreditar y silenciar a la oposición. En Honduras, en los últimos años, hemos presenciado un aumento de la represión contra líderes opositores y movimientos sociales. Algunos de estos líderes están encarcelados, mientras que otros han tenido que permanecer en el anonimato debido a la intimidación y la persecución, especialmente aquellos que critican abiertamente al gobierno.

De manera similar a lo ocurrido en Venezuela, donde el régimen logró dividir y debilitar a la oposición mediante tácticas de cooptación y persecución, en Honduras también hemos observado intentos de fragmentar a la oposición y socavar sus capacidades organizativas.

En Venezuela, el gobierno ha recurrido al sistema judicial para infundir miedo y encarcelar a quienes se oponen, vinculando estrechamente el control de los tribunales con personas leales al mandato. En Honduras, también se ha cuestionado si el poder judicial actúa por cuenta propia o si lo utiliza para perseguir a la oposición. Por ahora, parece que el fiscal general está más atento a los casos que afectan a la oposición que a investigar los extraños movimientos de los funcionarios del actual gobierno y los controvertidos narcomenudeos, en los que aparece un familiar del presidente Castro.

En Venezuela, el régimen de Maduro no ha dejado de usar propaganda para justificar sus políticas y contentar a sus seguidores, a la vez que hace reflexionar a la oposición. En Honduras, hemos visto cómo la situación política se ha tensado, con continuos ataques a la oposición y presentando la política como una lucha entre "los buenos" y "los malos", devaluando a quienes discrepan.

Uno de los temas más emblemáticos del gobierno de Zelaya-Castro ha sido el "Golpe de Estado de 2009", algo que ha quedado profundamente grabado en el pensamiento político del país, basado en la experiencia de su amigo Hugo Chávez, quien en 2002 se salvó de un intento de golpe de Estado apoyado por la oposición venezolana. Aunque ese golpe no triunfó y Chávez se fortaleció aún más, el régimen chavista lo aprovechó para convertirse en víctima de un plan de "oligarquía e imperialismo". De igual manera, los Zelaya-Castro han repetido una y otra vez la historia del golpe de 2009, utilizando esta retórica para mostrarse como víctimas de un sistema que les impidió culminar su "plan maestro" del socialismo del siglo XXI.

Si bien Honduras no ha replicado fielmente el modelo venezolano de dominio total por parte del CNE ni la feroz represión de la disidencia, existen indicios inquietantes que recuerdan las tácticas del gobierno venezolano. Esto incluye la gestión de los organismos electorales, el descrédito de los opositores, la instrumentalización del sistema judicial para hostigar a los rivales y la acumulación de poder en el Ejecutivo, así como el uso discrecional de las Fuerzas Armadas.

Los inconvenientes en las recientes elecciones internas del 9 de marzo son un presagio de lo que podría ocurrir en las elecciones generales de noviembre. Nunca antes habíamos presenciado una injerencia tan marcada de las Fuerzas Armadas en asuntos políticos ajenos a su competencia. El Artículo 272 de la Constitución hondureña establece que las Fuerzas Armadas son apartidistas y deben dedicarse exclusivamente a la defensa de la soberanía y la integridad territorial. No deben involucrarse en política ni tomar partido en las elecciones ni en la vida política del país.

Sin embargo, el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, General Roosevelt Hernández, da la impresión de haberse convertido en un activista político, lo que pone en tela de juicio la neutralidad de las Fuerzas Armadas, que deben ser apolíticas. La junta de comandantes y altos oficiales debería reflexionar sobre su papel y recordar que su lealtad es a la Constitución y al pueblo, no a intereses privados ni a un gobierno despótico.

Estas estrategias son un intento evidente de consolidar un sistema político autoritario, similar al de Venezuela, lo que plantea profundas preocupaciones sobre el futuro de la democracia en Honduras.

El "Plan Venezuela" no es un mito, sino una posibilidad real si los hondureños no nos dejamos llevar por las artimañas del régimen. Si no denunciamos ni defendemos la democracia, podríamos correr la misma suerte que los venezolanos. Es crucial que los hondureños defendamos nuestra democracia, sin descanso, a toda costa.

Ramón Custodio Espinoza. Diplomático hondureño.