INSCRIPCIÓN POLÉMICA: RODOLFO PADILLA SUNSERI, CANDIDATO CON ANTECEDENTES, VUELVE AL RUEDO ELECTORAL

A pesar de una condena firme por prevaricato y una sentencia de inhabilitación pendiente, el CNE ha incluido su nombre como candidato, sin explicación pública.

Rodolfo Padilla Sunseri, inscrito como candidato pese a una condena de inhabilitación pendiente.

En un giro que ha generado sorpresa, críticas y alarma entre sectores de la sociedad civil, Rodolfo Padilla Sunseri, exalcalde de San Pedro Sula, aparece oficialmente inscrito como candidato a la alcaldía por el partido LIBRE, aunque sus antecedentes penales y una condena por prevaricato administrativo planteaban severos obstáculos para su participación política.

Hasta hace poco, el nombre de Padilla no figuraba en las listas del Consejo Nacional Electoral (CNE), precisamente porque enfrentaba una sentencia de inhabilitación por delito de prevaricato, otros procesos judiciales y cuestionamientos legales que lo mantenían apartado del circuito electoral.

Sin embargo, en una acción que muchos califican de inconsistente con la normativa electoral vigente, las autoridades del CNE incorporaron su candidatura de “la noche a la mañana”, sin que hasta ahora se haya dado a conocer públicamente la resolución judicial que lo rehabilite para ocupar cargos de elección popular.

La habilitación judicial: fallos ambiguos y lagunas legales

El punto central del debate está en la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de emitir un fallo favorable que, según fuentes jurídicas, elimina la inhabilitación para cargos públicos que arrastraba Padilla.

Según reportes de prensa, el pleno de magistrados de la CSJ habría resuelto que la única condena que impedía su aspiración fue anulada o dejada sin efecto, de modo que legalmente quedaría apto para postularse.

Sin embargo, existen contradicciones en los antecedentes:

En diciembre de 2024, un juzgado de ejecución penal denegó la aplicación de la amnistía al exalcalde para el delito de prevaricato administrativo, con lo que ese impedimento legal debería mantenerse vigente.

Además, fuentes judiciales informan que, además de ese fallo favorable de la CSJ, el exalcalde ha sido beneficiado con un sobreseimiento definitivo por prescripción de otros cargos, lo que complicaría la claridad sobre qué casos quedaron “limpios” y cuáles no.

Su pasado como prófugo de la justicia también suma capas de cuestionamiento: Padilla huyó del país en 2017 tras órdenes de captura en su contra y regresó en enero de 2025, aprovechando lo que ciertos medios denominan como “amnistía política” vinculada a la ley 04-2022.

Estas ambigüedades jurídicas obligan a preguntarse si su inscripción es resultado del respeto pleno a la ley, o de maniobras institucionales que abren brecha para que personas con cuentas pendientes con la justicia puedan volver al poder.

¿Viola la normativa electoral?

La Ley Electoral hondureña contempla causas de inhabilitación que deben impedir la inscripción o ejecución del cargo cuando existan procesos judiciales firmes, condenas vigentes o medidas judiciales que impidan el ejercicio político.

En particular, hay mecanismos de causas sobrevinientes de inhabilitación, que permiten que un candidato inscrito quede excluido si ocurre un hecho que cambia su condición legal después de la inscripción.

Durante años se sostuvo que Padilla no podía participar porque tenía un auto de prisión pendiente, lo que “impide a Padilla ser candidato” según interpretaciones constitucionales que revocan la ciudadanía o la capacidad política cuando se dictan autos por delitos con penas mayores.

Ahora, con su inscripción oficial y el fallo de la CSJ como respaldo aparente, se abre además el reto político y legal para partidos, observadores y ciudadanos: exigir claridad, transparencia y que se respete la ley sin favoritismos.

Qué está en juego

La inscripción de Rodolfo Padilla Sunseri no es un asunto menor: pone en riesgo la integridad del proceso electoral, la confianza ciudadana y la coherencia del sistema democrático. Que una figura con antecedentes y cuestionamientos de corrupción pueda volver a figurar en la papeleta sin explicaciones claras es un mensaje peligroso.

El Partido Liberal, el Partido Nacional y otros contendientes estarían obligados a pronunciarse. La sociedad civil, los medios independientes y las organizaciones defensoras de la democracia deben exigir que el CNE y la CSJ hagan público el expediente completo que avala esa reinstalación política.

Solo así Honduras podrá tener certeza de que sus candidatos cumplen no solo con la voluntad popular, sino con los principios de justicia y legalidad que deben regir la política.

 

 

 

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