TERRENOS FALSOS Y CUENTAS LLENAS: FORMALIZAN PRISIÓN PARA ESTAFADOR INMOBILIARIO

Ángel Marín Guerrero enfrenta prisión preventiva tras engañar a varias familias con proyectos fantasma en redes sociales.

Mujer revisando papeles de transacción inmobiliaria con billetes en mano, simulando estafa de terrenos.

Estafado revisa documentos mientras sostiene dinero en efectivo: la promesa de un hogar se convierte en el vaciado de su economía —otro ciudadano atrapado en la espiral fraudulenta.


Un juez ha dictado prisión preventiva para Ángel Marín Guerrero, gerente general de una empresa de bienes raíces, acusado de estafa agravada continuada. El Ministerio Público —a través de la FEP-CAM— lo señala por engañar a al menos cuatro víctimas, usando anuncios fraudulentos en Facebook para vender terrenos y viviendas que no existían.

Entre 2024 y 2025, las víctimas hicieron transferencias que superan los dos millones de lempiras, convencidas por promesas de diseños terminados, acabados completos y ubicaciones exclusivas en residencial de Tegucigalpa. Sin embargo, al recibir el dinero, Marín Guerrero cortaba toda comunicación y desaparecía. Las denuncias formalizadas permitieron a la Fiscalía reunir pruebas contundentes.

Lo más grave: el imputado ya enfrenta otro proceso judicial por un caso similar, donde aparentemente defraudó a otras tres personas por más de tres millones de lempiras, denunciando un patrón reiterado de engaño que apuntala el esquema de estafa continuada.

Si bien este caso resalta la impunidad empresarial, no es aislado. En San Pedro Sula, más de 3,000 personas protestaron por estafas en la venta de terrenos en Los Cármenes; se les informó que las matrículas habían sido anuladas y que, por ende, carecían de garantía legal.

Hace meses, una mujer en El Paraíso fue detenida tras recibir 300,000 lempiras por un terreno sin entregar escrituras al comprador; y en Santa Lucía, un regidor enfrenta detención por prometer una vivienda en Tegucigalpa sin jamás construirla, estafa calculada en más de un millón de lempiras.

Estas cifras no solo evidencian la diversificación de estafas inmobiliarias, sino también la falla sistemática en la protección ciudadana.

 

 

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